RÍO DE JANEIRO. La operación Lava Jato, la investigación por el gigantesco escándalo de Petrobras, la mayor ofensiva contra la corrupción en Brasil, cumple esta semana tres años con 125 condenados, ninguno con fuero privilegiado, y salpica a más de una decena de países de América Latina.
La llamada Operación Lava Jato destapó una enorme y compleja red de corrupción que desviaba recursos de Petrobras, la mayor impresa del país y que premiaba con jugosos contratos a las constructoras que aceptaban pagar sobornos a los altos funcionarios de la petrolera y a decenas de políticos.
Según datos actualizados por la Fiscalía la pasada semana, gracias a los testimonios de 78 acusados que aceptaron colaborar con la Justicia a cambio de reducciones en sus penas, la investigación identificó hasta ahora el pago de sobornos por un valor de 6.400 millones de reales (unos 2.064 millones de dólares).
Las trama de corrupción destapada por las investigaciones en estos tres años ha alcanzado también a más de una decena de países de África y América Latina, desde México a Perú, pasando por Colombia, Panamá, Venezuela y Chile, entre otros.
Entre los salpicados por el escándalo figuran los expresidentes peruanos Alejandro Toledo y Alan García y el mexicano Felipe Calderón.
En Brasil, en estos tres años, el grupo especial de Lava Jato, integrado por fiscales, policías federales y agentes del Fisco, ha detenido a cerca de 200 personas, incluidos ex altos cargos de Petrobras y directores de varias de las principales constructoras de Brasil.
En Brasil, la operación ha dado origen a 57 procesos penales contra 260 acusados, aunque hasta ahora se han dictado condenas en 25 juicios por un total de 1.317 años de prisión.
Las llamadas “delaciones premiadas” -testimonios a cambio de rebajas en las condenas- de 77 ex altos ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht han sido fundamentales para avanzar en las investigaciones.
El juez Sergio Moro, titular del juzgado trece federal de la ciudad de Curitiba y responsable por el caso, ha mandado a prisión a figuras como los exministros Antonio Palocci y José Dirceu; al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y al expresidente de la constructora Marcelo Odebrecht, y tres de sus procesos tienen en la mira al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Pero los acusados con fuero privilegiado, entre ellos decenas de congresistas fuera del alcance de Moro, se han beneficiado de la lentitud de los procesos en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país y única que puede juzgar a políticos con mandatos ejecutivos o legislativos.
Desde marzo de 2015, cuando el Lava Jato llegó por primera vez al Supremo, la Fiscalía ha presentado 20 denuncias contra 59 acusados con fuero privilegiado, pero sólo seis han sido aceptadas por la máxima corte, que no ha condenado a nadie.
Según el “Proyecto Supremo en Números”, un amplio estudio sobre el desempeño de la Corte Suprema de Brasil elaborado por el especialista en derecho público Ivar Hartmann, la demora media del máximo tribunal para pronunciarse sobre una denuncia contra un aforado fue de 662 días en los últimos diez años.
No obstante, Hartmann apuntó que la máxima corte comenzará a sentir una fuerte presión en los próximos días, para cuando el Procurador General de la República (Fiscal), Rodrigo Janot, promete presentar denuncias contra al menos otros 170 políticos con fuero privilegiado citados en los cerca de 900 testimonios de los 77 ejecutivos de Odebrecht que aceptaron colaborar con la investigación.
La documentación de Janot salpica, según medios locales, a altos cargos de todos los partidos políticos.
