Ginebra, (EFE).- La ONU criticó hoy la suspensión masiva de jueces y fiscales dispuesta por el Gobierno turco tras el intento de golpe de Estado y sostuvo que para proceder a una medida como esta “cada caso debe ser examinado antes de manera independiente e individual”.
“Una suspensión masiva -como la que ha ocurrido en cuestión de 48 horas, con la remoción de al menos 2.745 jueces y fiscales- no permite una evaluación individual”, declaró una portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Husein.
“La independencia de la judicatura y de cualquier profesional legal es clave para una administración de justicia, y los jueces deben ser capaces de ejercer sus funciones sin restricciones indebidas, presiones, amenazas o interferencias”, sostuvo Zeid.
El alto comisionado instó igualmente a las autoridades a que no permitan que se violen los derechos humanos “en nombre de la seguridad y en el apuro de castigar a aquellos que se cree que son los responsables (del fallido golpe)”.
Por ello, la ONU también considera alarmante que altos funcionarios del gobierno hayan empezado a hablar de restablecer la pena de muerte con el aparente objetivo de aplicarla a los participantes en el intento de golpe, lo que Zeid aseguró que sería no sólo inaceptable, sino ilegal. “Turquía abolió la pena de muerte en 2002, pero no ha realizado ninguna ejecución desde hace 32 años, y restablecerla sería una violación a sus obligaciones internacionales”, sostuvo.
Al comentar esta posición, la portavoz de Zeid, Ravina Shamdasani, aclaró que la pena capital “no se puede aplicar retroactivamente si ésta no estaba vigente cuando el crimen fue cometido”.
Sostuvo que las declaraciones oficiales que van en ese sentido son “un paso en la mala dirección y realmente lo desaconsejamos, ya que sería la respuesta equivocada al ataque sufrido contra los principios democráticos en Turquía”.
Shamdasani fue más allá en su explicación al indicar que Turquía es signatario tanto del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de su segundo protocolo opcional, instrumentos que no le permiten dar marcha atrás con la abolición de la pena capital. “Así que reanudar la pena de muerte sería una violación”, insistió la portavoz.
La ONU se ha dirigido igualmente al Gobierno turco para señalarle que frente al gran número de personas detenidas tras los eventos del fin de semana debería permitir el acceso de observadores independientes a los centros de detención.
Ello además de garantizar a los detenidos el respeto del principio de presunción de su inocencia, las reglas de un proceso justo y todas las garantías anexas.
“Los observadores pueden ser de la ONU o no, lo importante es que sean independientes y puedan verificar que los lugares de detención son apropiados, entrevistar a los detenidos sin restricciones y asegurarse de que éstos pueden ver a su defensa y a sus familias”, indicó Shamdasani.
