La independencia e imparcialidad del poder judicial no se respetó, tal como lo establece la ley, el año pasado en la República Dominicana, de acuerdo al informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los Derechos Humanos para el 2020.
Dijo que la ley prevé un poder judicial independiente, lo que, sin embargo, el Gobierno no respetó en ese período.
En el 2020, la República tuvo un cambio de gobierno. Hasta el 16 de agosto gobernó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con Danilo Medina como presidente, mientras que el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el Ejecutivo a partir de esa fecha. Luis Abinader es el actual mandatario.
Citó entre las violaciones a esa autonomía judicial, los enjuiciamientos selectivos hasta la desestimación de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida.
“El poder judicial desestimaba habitualmente casos de corrupción de alto nivel”, indicó el documento dado a conocer la tarde de este martes por la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana. Esta parte está en el acápite “e” titulado “Privación de un juicio público justo”.
Señaló, de igual manera, que la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDA) informó que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se producía cuando las autoridades se negaban a aceptar mandatos de habeas corpus para liberar a los detenidos.
“La corrupción del poder judicial fue un problema grave”, acotó el Departamento de Estado de EEUU.
Juicios justos, violentados
El informe subrayó también que la ley establece el derecho a un juicio justo y público, “sin embargo, el Poder Judicial no siempre hizo valer este derecho”.
“En ocasiones, los tribunales superaron el plazo máximo establecido por la ley para fijar las fechas de las audiencias”, indicó.
Pocos defensores públicos
Otras de las críticas del Departamento de Estado de EEUU es lo referente a la poca cantidad de defensores públicas que tiene el país, citando una declaración de la ONDP que dijo que eran insuficientes.
“Los acusados tienen derecho a estar presentes en su juicio y a consultar con un abogado en el momento oportuno. Los indigentes tienen derecho a un defensor público, pero el director de la ONDP declaró que el número de defensores públicos era insuficiente”.
Fuente: Diario Libre
