SANTO DOMINGO (República Dominicana).— El Ministerio Público consideró acertada la decisión de imponer 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Francelis Hernández Tavares, acusada de liderar una estafa que supera los 100 millones de pesos a través de la empresa Smart Blessing Consulting, registrada formalmente el 24 de noviembre de 2021.
La medida fue dictada por el tribunal tras declarar el caso como complejo. Además de Hernández Tavares, figuran como implicados Álvaro José Uribe Doñé y Domerys Ramírez Espinal, ambos actualmente prófugos de la justicia.
Según las investigaciones, el grupo logró captar fondos de más de un centenar de personas utilizando métodos engañosos. Ofrecían servicios como asesorías financieras, desarrollo de software, diseño de páginas web y otros productos tecnológicos, según consta en el objeto social de la empresa.
El caso ha sido llevado por el fiscal José Lenin Hernández Cuello, y hasta el momento se han presentado 24 querellas acompañadas de documentos que confirman transferencias bancarias por un monto que supera los RD$40 millones.
El órgano acusador indicó que en los próximos días se solicitará una nueva medida de coerción relacionada con otros 50 querellantes, a medida que más víctimas se suman a la investigación en curso.
Las víctimas fueron captadas mediante contratos notarizados bajo la promesa de rendimientos mensuales del 10% al 15%, lo que implicaba ganancias anuales de hasta 200%, una rentabilidad insostenible que evidencia el uso de un modelo de estafa tipo piramidal.
El juez Reye Rodríguez Rodríguez validó la acusación provisional del Ministerio Público, que imputa a Hernández Tavares por violaciones al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como a varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y del artículo 105 de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales.
La acusada cumplirá su prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, ubicado en San Cristóbal.
El fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Edward López, hizo un llamado a la población a actuar con cautela ante promesas de altos beneficios financieros sin garantías legales.
“La ciudadanía debe proteger su patrimonio. Cualquier oferta de inversión que prometa grandes retornos en poco tiempo debe ser considerada sospechosa”, expresó López.
“Este tipo de estructuras fraudulentas están diseñadas para atraer incautos con la ilusión del dinero fácil. Por eso es vital verificar la legalidad de las empresas, consultar fuentes confiables y tener precaución ante propuestas demasiado buenas para ser ciertas”, concluyó.
