Miriam Germán Brito reconoce que la necesaria reforma policial se enfrenta a una cultura institucional y a la natural resistencia al cambio

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Define la muerte del joven David De los Santos como “una cosa bárbara, inhumana, que duele y avergüenza”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, reconoció este lunes que se trata de “un asunto difícil” la necesaria reforma a la Policía Nacional que emprendió el Gobierno central porque se enfrenta a la cultura institucional del órgano que se fundó en medio de una dictadura, además de la natural resistencia al cambio.

“La reforma policial es un asunto difícil, porque tiene que vérsela contra una cultura institucional y la natural resistencia al cambio”, dijo Germán Brito, al responder a periodistas que la abordaron al salir del Tribunal Constitucional, en donde firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el presidente de ese órgano de justicia, Milton Ray Guevara.

Sobre las investigaciones de la muerte del joven David De los Santos en el destacamento de la Policía ubicado en el sector Naco, del Distrito Nacional, la magistrada Germán Brito recordó que “van en su etapa primaria y no es la época precisa para dar detalles de todo lo que sucede”.

Sin embargo, aseguró que la sociedad debe tener la certeza de que “el Ministerio Público no se va a sumar ni a las explicaciones que son una falta de respeto para los agraviados ni tampoco a la permisividad con ese tipo de situación”.

La magistrada Germán Brito definió la muerte del joven De los Santos como “una cosa bárbara, inhumana, que duele y avergüenza”.

Con relación al caso del fallecimiento del joven José Gregorio Custodio, ocurrido en Ocoa, luego de ser apresado por agentes policiales, la magistrada indicó que las informaciones a la población se ofrecerán de manera oportuna.

Adelantó que luego de una primera necropsia a la víctima, el Ministerio Público mandó a practicar otra con una comisión de tres  forenses.

Germán Brito instruyó el pasado martes a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para que coordine con las fiscalías competentes las investigaciones de los casos de ciudadanos que han perdido la vida después de estar retenidos en cuarteles policiales.