España. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunió el jueves por videoconferencia con las cuatro asociaciones de jueces y magistrados para tomar el pulso a la actividad judicial y abordar las políticas que ha puesto en marcha el Ministerio para seguir asegurando, en coordinación con el sector, los servicios esenciales durante el estado de alarma.
En el encuentro, junto al ministro, estuvieron los secretarios de Estado y General para la Calidad del Servicio Público de Justicia, Pablo Zapatero y Francisco de Borja Vargues, respectivamente; Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura; Jorge Fernández, portavoz de la Francisco de Vitoria; Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia; y Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente.
Campo les ha pedido que hagan llegar sus propuestas al plan de reactivación procesal que aprobará el Gobierno cuando las autoridades sanitarias den el visto bueno a la desescalada de las medidas de contención. Además, les ha invitado a sumarse al proyecto #Justicia2030 para avanzar en medidas concretas que permitan la transformación del servicio.
En la reunión se ha abordado la resolución firmada este lunes por el ministro de Justicia a raíz del Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, de prórroga del estado de alarma, por la que se mantienen los servicios esenciales fijados el 14 de marzo y se reactiva la presentación telemática de escritos. El ministro les ha explicado que, además, se está trabajando en el refuerzo del Registro Civil cuyos servicios están siendo ahora especialmente demandados.
Fuentes de las asociaciones judiciales han informado de que Campo ha valorado positivamente el Plan de Choque del CGPJ, considerándolo como un documento útil de trabajo. Y ha detallado los planes del Ministerio en la llamada Justicia Covid-19, dentro de la Justicia 2030, con la finalidad de preparar tímidamente y de forma secuencial la desescalada.
Un primer paquete serían los planes de actualización en las jurisdicciones social, mercantil y contencioso-administrativa, que son las más afectadas por esta crisis sanitaria.
Un segundo paquete, con reformas procesales a través del instrumento normativo del decreto-ley y que, por tanto, responda a los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad y con las limitaciones materiales impuestas en la Constitución.
Y un tercer paquete, más a largo plazo, para hacer reformas de más calado. Desde las asociaciones judiciales se han planteado algunos de los problemas que se siguen encontrando, como la falta de medios de protección en algunos compañeros y compañeras. Y también algunas soluciones para hacer frente a la situación de colapso de la Justicia.
