BRASILIA.- El ministro de Hacienda de Brasil, Nelson Barbosa, compareció hoy ante una comisión del Senado que debate si la presidenta Dilma Rousseff será sometida a un juicio político e insistió en que no existe base legal para el proceso.
Barbosa fue presentado como testigo de la defensa de Rousseff, que en cuestión de unas dos semanas pudiera ser separada del cargo durante 180 días si fuera aceptado el proceso para un juicio con miras a su destitución.
La acusación se sustenta en unas maniobras contables realizadas por el Gobierno para maquillar sus resultados en 2014 y 2015, que según la oposición constituyen un «crimen de responsabilidad», que es como la Constitución define las causas que pueden llevar a destituir a un mandatario.
Según la acusación, esas maniobras modificaron los presupuestos mediante decretos y permitieron acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe y sin que eso fuera reflejado en los balances del Gobierno.
Barbosa, frente a esa opinión, reiteró que esos manejos contables fueron hechos dentro del más «estricto marco legal» y que muchos de ellos ni eran responsabilidad directa de la presidenta, sino de los miembros de su equipo económico.
De todos modos, insistió en que no hubo «ninguna irregularidad» y que, a pesar de que las deudas con la banca pública llegaron a sumar más de 13.000 millones de reales (unos 3.715 millones de dólares) a mediados del año pasado, fueron canceladas el pasado diciembre.
Los alegatos de Barbosa, apoyados en complejos datos de carácter técnico, fueron exactamente los mismos que el ministro presentó hace poco más un mes ante la Cámara de Diputados, que los rechazó por una clara mayoría de 367 votos contra 137.
La comisión del Senado que analiza ahora el caso tiene previsto elaborar un informe que será votado el próximo 6 de mayo.
Si el informe recomienda la apertura del juicio político y es aprobado por más de la mitad de los 21 miembros de la comisión, la palabra pasará al pleno del Senado, que alrededor del 10 de mayo se pronunciará sobre el asunto.
En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado en forma interina por el vicepresidente Michel Temer.
Si Rousseff finalmente fuera destituida, Temer deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
