SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público, la Universidad de la Tercera Edad (UTE) y la Fundación Mujeres por la Educación (FUNMUJER), firmaron este jueves un acuerdo interinstitucional, el cual tiene por objeto realizar las coordinaciones de lugar que permitan impartir carreras profesionales y técnicas superiores a la población de reclusos en los centros de corrección y rehabilitación del Sistema Penitenciario en la República Dominicana.
El acuerdo fue rubricado por la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República; por Altagracia Núñez Batista, rectora de la UTE y Peggy Cabral Vda. Peña Gómez, presidenta de (FUNMUJER), en la sede de la Procuraduría General de la República.
Al referirse a esta labor conjunta, Germán Brito destacó la importancia de brindar las herramientas necesarias para una reinserción satisfactoria de los privados de libertad en la sociedad dominicana.
“Este acuerdo tiene un valor extraordinario, esto nos permite preparar a los privados de libertad para que al salir de los centros penitenciarios tengan una herramienta para hacer un trabajo digno. Tiene un valor agregado, porque después que una persona se ha preparado en una carrera, el valor extraordinario que eso tiene es porque con un trabajo de una persona formada y preparada, se inicia la reinserción y eso te dice que el individuo está realmente integrado a la sociedad”.
La titular del Ministerio Público señaló que este tipo de formación es fundamental para lograr que los privados de libertad, puedan percibir el valor que poseen como profesionales y que así mismo sean valorados por la sociedad.
“Es algo inhumano tener una persona recluida y no darle un crecimiento intelectual. yo aspiro a que llegue el día en no haya diferencia entre un privado de libertad egresado y una persona que haya hecho su trayectoria profesional en libertad, en crear las condiciones para que las personas que salen de los centros penitenciarios se sientan que tienen valía, que están formados, educados. Esto es, como dijo un poeta, una manifestación de que se debe poner el acento en el hombro y eso es lo que estamos haciendo aquí”, sostuvo Germán Brito.
Por su parte, Núñez Batista destacó el compromiso de la UTE, para lograr la formación de los privados de libertad y con ello contribuir a un trato digno por parte de la sociedad dominicana.
“Consideramos que este es un programa con un gran carácter humanitario, porque justamente va dirigido a favorecer y contribuir a que esos privados de libertad puedan ser reinsertados en la sociedad sin el temor a ser excluido y discriminados, entonces, en ese sentido para nosotros es de suma importancia la firma de este compendio. Hoy es el tiempo y hoy es el espacio de nosotros poder continuar contribuyendo con la formación a nivel profesional de estas personas que tanto necesitan el apoyo humano, el apoyo espiritual y el apoyo intelectual de la sociedad”, explicó.
Cabral Vda. Peña Gómez, en su papel como presidenta de FUNMUJER, indicó la prioridad que constituye esta labor para la fundación que encabeza, mediante la cual procuran una nueva oportunidad y un cambio de vida para las personas privadas de libertad.
“Todo ser humano tiene derecho a la educación, no importa en las condiciones que esté, entonces basado en eso nos hemos esforzado para que este programa crezca, para que podamos darle más espacio y conseguir que más reclusos puedan llegar a ser profesionales”, precisó .
Beneficios y compromisos de este convenio
Según lo establecido en el convenio firmado por estas instituciones, entre las carreras a impartir, en una primera etapa, se encuentran: Psicología mención Organizacional, Administración de Empresas, Mercadeo y Contabilidad.
Para alcanzar el objetivo establecido en este convenio interinstitucional, el Ministerio Público se ha comprometido a lograr que los internos realicen el pago de la inscripción y la reinscripción a un costo simbólico de un (1.00) peso dominicano, a tomar las medidas de precaución necesarias a los fines de salvaguardar la integridad física de los facilitadores que estén impartiendo docencia en los recintos carcelarios, así como también en el caso de la aparición de cualquier brote de enfermedades infectocontagiosas que se puedan presentar en los referidos recintos.
El Ministerio Público se encargará de seleccionar a aquellos internos que deseen cursar una carrera de grado, los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos por la UTE.
El órgano persecutor también tiene el compromiso de facilitar el acceso de la población universitaria a los centros de corrección y rehabilitación a nivel nacional, para que realicen trabajos de campo, investigaciones académicas y recorridos programados en sus instalaciones, siempre bajo la previa autorización de Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSPC).
El Ministerio Público pondrá a disposición de la Universidad, su cuerpo de profesores para impartir charlas y seminarios sobre los diferentes temas del Nuevo Modelo Penitenciario a su población universitaria, así como para consultas de los estudiantes en sus prácticas y trabajos de investigación.
Entre las responsabilidades adquiridas, la UTE se ha comprometido a cubrir los costos de matriculación, a fomentar el espíritu de investigación en la población estudiantil de término de las diversas áreas del saber, a los fines de que elaboren su tesis de Grado y Post Grado, seleccionando temas relacionados con los asuntos penitenciarios.
El centro de estudios superiores promoverá entre sus facilitadores, participantes y empleados la donación de material bibliográfico para las bibliotecas de los centros de corrección y rehabilitación y facilitará sus instalaciones para actividades educativas que sean organizadas por DGSPC, siempre que su programación lo permita.
Mediante el acuerdo, la UTE y FUNMUJER promoverán el desarrollo de actividades conjuntas con el Ministerio Público, a los fines de educar a su población de participantes sobre las particularidades y el nuevo concepto de Nuevo Modelo Penitenciario con el objetivo de cambiar la cultura penológica de la población en formación profesional.
Este acuerdo de colaboración tendrá una duración de tres (03) años. Vencido este plazo, si ninguna de las partes ha notificado su deseo de no formar parte de este, se entenderá que su vigencia se renueva tácticamente por el mismo tiempo.
