A Merkel parecía faltarle el aire en su breve comparecencia al anunciar que da vía libre a la petición del presidente de Turquía, Recep Tayipp Erdogan, para abrir un proceso penal contra el humorista alemán Jan Böhmermann, al que acusa de injurias por un vídeo satírico emitido en un programa de humor de la televisión pública alemana. Fuentes de la Cancillería de Berlín explican que la canciller alemana ha tomado esta decisión, controvertida en la medida en que roza el derecho de libertad de expresión y libertad artística, para «evitar un conflicto diplomático». Pero para la opinión pública alemana se trata más bien de una bajada de pantalones ante Erdogan, que aprovecha la situación de dependencia en que ha quedado Alemania por el acuerdo entre la UE y Turquí para los refugiados.
Merkel ha reconocido que el proceso de toma de decisión ha causado »diferencias» en el seno de su gran coalición y ha aludido a los lazos de amistad y cooperación que unen a Alemania y Turquía. Justifica la decisión en el artículo 103 del Código Penal, que tipifica como delito las injurias a los representantes de un Estado extranjero y contempla penas de hasta cinco años de cárcel, aunque admite que es una normativa anacrónica y ha adelantado que impulsará cuando antes un proyecto de ley para su derogación, lo que podría acarrear la interrupción del proceso judicial contra Böhmermann.
