SANTO DOMINGO.- La dirección de Compras y Contrataciones depositó tres expedientes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa sobre procesos de compras irregulares que habrían sido realizados por dos instituciones durante el pasado gobierno.
Carlos Pimentel, director de la entidad, dijo que las presuntas irregularidades supuestamente fueron cometidas en el Plan Social de la Presidencia, que dirigía Iris Guaba, y en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia INAIPI durante la administración de Berlinesa Franco.
Dijo que ha sido identificada una recurrencia «sospechosa» desde 2019 en los procesos de compras del Plan Social de la Presidencia, el cual hacía «adjudicaciones millonarias» a compañías que fungían como intermediarias, las cuales se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios. Alegó que la única explicación para ello es la existencia de vínculos entre funcionarios y proveedores del Estado.
Respecto a los dos expedientes del INAIPI, uno refiere que en el 2016 esta institución incurrió en violación a los procedimientos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones al realizar procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado RD$208.05 millones. Según auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos electrónicos de comunicaciones, materiales y suministro, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.
Las irregularidades fueron detectadas en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data desde 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (Cafi) a nivel nacional, establece la documentación depositada.
Pimentel aseguró que INAIPI adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas ente sí por montos que superan los RD$60 millones.
Otros expedientes
La Justicia dominicana tiene pendientes de conocer otros expedientes sobre presuntos actos de corrupción cometidos en instituciones del Estado durante la pasada gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezada por el presidente Danilo Medina.
A comienzos de septiembre el Gobierno depositó en la Procuraduría General de la República (PGR) un expediente contra el excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por supuestas irregularidades en la contratación por RD$11,500 millones de hormigón asfáltico en 2019. La pieza fue depositada por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch.
Pimentel explicó en esa oportunidad que «este caso tiene indicios que ameritan la intervención del Ministerio Público porque en la investigación de la Dirección de Ética y la Dirección de Contrataciones Públicas estamos convencidos de que de manera olímpica se violaron todas los principios y procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones».
La Procuraduría General también ha anunciado que investigará el «caso de corrupción administrativa» detectado en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a su exdirector Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
