EDITORIAL
En un país donde la lentitud del sistema judicial parece ser la única constante, una familia clama por justicia desde hace más de tres años. No se trata de un caso complejo de corrupción financiera, ni de una trama política enrevesada. Se trata de una menor de edad, víctima de un acto comprobado, juzgado y condenado de abuso sexual. Pero, aun así, el condenado sigue libre.
El imputado de este caso fue condenado por el Tribunal Colegiado de San José de Ocoa, mediante sentencia No. 0454-2022-SSEN-00085 del 30 de agosto de 2022, a cumplir dos años de prisión y pagar una indemnización. Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Apelación de San Cristóbal el 23 de marzo de 2023, mediante la sentencia No. 1507-2023-SPN-00042. Sin embargo, casi dos años y medio después, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia aún no ha fijado fecha para conocer el recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado.
¿Dónde está la justicia cuando se ignora lo evidente? ¿Qué sentido tiene un proceso judicial si, aún después de dos sentencias condenatorias, el agresor sigue en las calles, burlándose del dolor de su víctima, de su familia y del sistema?
La señora Elsa Claribel González Collado, madre de la víctima, ha roto el silencio que impone la decepción, y ha enviado una nota a la prensa que no puede más que estremecer a quien la lea. Su voz no es solo la de una madre desgarrada; es la de todas las víctimas olvidadas, silenciadas por la burocracia, por la indiferencia, por un sistema que parece funcionar mejor para quien tiene poder, tiempo o recursos.
El caso fue elevado en casación sin siquiera notificar a la víctima ni a su representación legal. Una maniobra procesal que convierte a la justicia en un teatro donde los agraviados ni siquiera son parte del elenco. El agresor sigue libre. La víctima sigue esperando. La familia sigue sufriendo.
Y el sistema… sigue callado.
En este drama repetido hasta la saciedad en los tribunales, lo más doloroso es la confirmación de una verdad impune: en República Dominicana, la víctima no tiene quien le escriba. No hay un fiscal que se indigne públicamente, no hay un juez que reclame celeridad, no hay una institución que levante la voz. La víctima está sola. Su caso se disuelve en papeles, sellos y plazos.
La justicia tarda. Pero lo que duele es cuando, además de tardar, no llega. Y mientras más se prolongue esta espera, más se aleja la confianza ciudadana en un sistema que promete proteger a los más vulnerables, pero que termina protegiendo a quienes saben cómo utilizarlo en su beneficio.
Hoy, esta madre alza la voz. Y con ella, todas las voces son alzadas Porque cada vez que un abusador evade la justicia, cada vez que una sentencia se ignora, cada vez que una víctima es dejada a su suerte, todos somos cómplices de la impunidad.
Es hora de que el Poder Judicial entienda que el silencio también es violencia. Que la inacción también es injusticia. Y que, en este país, las víctimas también merecen ser escuchadas.
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