Madrid. El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha explicado en un encuentro con medios de comunicación que la ley de Eficiencia Organizativa es una de las patas del trípode normativo sobre el que el Ministerio pretende asentar la modernización de la administración de justicia, en el marco del programa 2030 y con el impulso decisivo de los fondos europeos para la recuperación postpandemia.
El objetivo de la ley de Eficiencia Organizativa, cuyo anteproyecto quedó aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes, busca «optimizar las infraestructuras» huyendo del «incrementalismo», esto es, «generar un modelo más eficiente para gestionar recursos escasos» con el propósito de que sea «sostenible».
Zapatero ha esgrimido que, según las cifras, las políticas enfocadas únicamente a aumentar recursos no han funcionado. Así, ha detallado que en los últimos 20 años se ha incrementado un 50 por ciento la planta judicial, pasando de 3.789 jueces a 5.593, y «paradojicamente» el número de asuntos resueltos se ha reducido un 5%. En la última década, ha ahondado, la entrada de nuevos casos se redujo un 34% pero la duración media de los procedimientos se amplió de 66 a 162 días.
Frente a ello, Justicia ha propuesto una serie de «soluciones técnicas» que no son nuevas –«llevaban mucho tiempo encima de la mesa»– pero que el contexto de la crisis sanitaria ha obligado a desempolvar y que consisten en crear los tribunales de instancia, implantar definitivamente la oficina judicial establecida hace quince años y transformar los juzgados de paz en oficinas de justicia en el municipio.
Criterio común pero no exclusivo
La pieza clave son los tribunales de instancia. Los 3.627 juzgados existentes en España se concentrarán en 431 tribunales de instancia, un «órgano judicial colegiado» que contará con un presidente y varias secciones.
Las secciones equivaldrán a las materias por las que se distribuyen ahora los juzgados (penal, instrucción, violencia sobre la mujer, civil, mercantil, social, contencioso-administrativo, menores y vigilancia penitenciaria), aunque se podrán añadir otras por mandato legal, y que haya unas u otras en cada tribunal de instancia obedecerá a las necesidades de cada partido judicial. Además, a esas secciones se podrán incorporar jueces especializados en temas específicos, como cláusulas suelo.
Estas secciones, que tendrán un presidente, establecerán «criterios interpretativos para asuntos sustancialmente iguales» que los jueces deberán seguir. Zapatero ha argumentado que la intención es dar seguridad jurídica evitando resoluciones dispares sobre casos similares.
«Esto no afectará para nada a la independencia judicial», ha aclarado, indicando que los jueces podrán apartarse del criterio común siempre y cuando lo motiven, sin exponerse a reprobación alguna.
Refuerzos para casos especiales
El secretario de Estado también ha destacado que los tribunales de instancia permitirán una distribución más racional de la carga de trabajo. En este sentido, ha contado que en «casos de especial complejidad» por su «magnitud» el juez sobre el que haya caído podrá contar con otros dos de refuerzo. A modo de ejemplo, ha citado la causa del ‘Prestige’.
Con todo ello, ha definido los tribunales de instancia como «una placa base» donde, en función de las necesidades de cada partido judicial y de cada caso, se irán poniendo «módulos».
Zapatero ha enfatizado que dará mayor flexibilidad a la administración de justicia porque se crearán solamente las plazas necesarias –ya sean de juez, letrado de la administración de justicia u otros funcionarios– en los tribunales de instancia que las requieran.
Actualmente, ha recordado, cada vez que se quiere ampliar la capacidad judicial hay que crear «de golpe» un «bloque» de juez, letrado de la administración de justicia y funcionarios, un total de nueve personas.
Asimismo, ha resaltado que la ley de Eficiencia Organizativa dará «un paso decisivo en materia de participación de la carrera judicial en el autogobierno del sector», dado que serán los propios jueces quienes elijan los órganos de gobierno de estos tribunales de instancia.
Los juzgados de paz del futuro
Otro elemento fundamental de la nueva norma serán las oficinas de justicia en los municipios, que vienen a sustituir a los actuales juzgados de paz para modernizarlos y ampliar sus competencias.
De acuerdo con Zapatero, la idea es que se transformen en la ventana de la administración de justicia en cada localidad a la que los vecinos puedan acudir para realizar sus gestiones judiciales con la posibilidad de que, a través de convenios con otras administraciones, por ejemplo la tributaria, puedan hacer otros trámites.
Y la última pieza son las oficinas judiciales, que se activaron hace quince años pero solo se han materializado en el 10% del territorio, de acuerdo con los datos facilitados por el secretario de Estado. Aquí el propósito es completar el trabajo introduciendo la clave digital.
