BRASILIA. El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, quien ejerce la defensa de la presidenta Dilma Rousseff, sugirió hoy que podría acudir a foros internacionales para denunciar el proceso que puede despojarla del mandato.
Cardozo tuvo hoy una última oportunidad para exponer sus alegatos frente a los miembros de una comisión del Senado que examina el caso y reiteró su tesis de que en los trámites previos al posible juicio político no se ha comprobado la existencia de delitos y mucho menos de dolo.
El abogado general contestó así el informe presentado la víspera por el senador Antonio Anastasia, instructor de la comisión, quien recomendó que el proceso avance sobre la base de unos “delitos de responsabilidad” que identificó en maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015.
“Por el ánimo condenatorio se intentan construir hipótesis que no se justifican”, declaró Cardozo, quien sostuvo que las acusaciones no han sido plenamente demostradas y que eso “hiere” el proceso, al que volvió a calificar de nulo.
“¿Será que tendremos que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrar que aquí no se respeta la garantía del debido proceso?”, inquirió el abogado general del Estado.
Cardozo también insistió en que el proceso tiene un “pecado de origen”, pues el trámite fue iniciado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, cuyo mandato fue suspendido hoy en forma cautelar por un juez del Supremo debido a su condición de reo en un proceso de corrupción vinculado a los escándalos en Petrobras.
Afirmó que Cunha, al aceptar la acusación contra Rousseff, actuó movido por la “venganza” y que eso “invalida” todo el proceso.
Cunha, de hecho, aceptó a trámite el proceso contra Rousseff en diciembre pasado, un día después de que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) decidiera apoyar la apertura de un juicio con miras a su destitución de la presidencia de la Cámara baja.
Según Cardozo, existían “presiones” de Cunha contra el PT y otras formaciones del arco oficialista para rechazar ese proceso, pero su fracaso llevó a esa supuesta represalia.
“Está claro que este proceso es una venganza y eso fue atestado hoy por una decisión de un magistrado de la Corte Suprema”, declaró.
El informe que recomienda avanzar con el proceso para un juicio político contra Rousseff será votado mañana en la comisión y pasará la semana próxima al pleno del Senado, última instancia del trámite.
Si el pleno decide instaurar el juicio, Rousseff será separada del cargo durante 180 días y sustituida en forma interina por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si se llegase a la destitución.
