SAN SALVADOR. Una corte penal de El Salvador concluyó ayer el juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) por un millonario desfalco y comenzó las deliberaciones para decidir si aplica la pena de 10 años que pactó con la Fiscalía o una menor.
“Ha culminado el desarrollo de la presente audiencia”, anunció el juez presidente del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, José Luis Gianmattei, tras 17 jornadas.
El juicio, el primero que se instala en el país centroamericano contra un expresidente de la época democrática de El Salvador, dio un giro inesperado desde el inicio, dado que Saca y cinco de sus excolaboradores decidieron pactar con la Fiscalía.
Este acuerdo, conocido como “juicio abreviado”, permitió que Saca y los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, confesaran sus delitos a cambio de penas leves.
Al mismo beneficio se acogieron el ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga y el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera.
La Fiscalía, que pactó pese a desconocer el destino de 191 millones de dólares de los más de 300, pidió que Saca y Charlaix purguen 10 años de prisión y que Rodríguez Arteaga pase 6 años en prisión, los tres por peculado y lavado de dinero.
Los representantes del Ministerio Público también solicitaron, al cierre de sus “alegatos finales”, penas de 5 años para Rank y Funes, y 3 años para Herrera.
Esta modalidad de juicio permite a los imputados obtener una pena leve a cambio de confesar sus delitos y prescindir de cualquier prueba de descargo, pero la legislación salvadoreña deja a los juzgadores la opción de imponer una sentencia menor.
De hecho, los abogados defensores hicieron énfasis en esta situación durante sus intervenciones finales y llamaron a los juzgadores a valorar penas más bajas, que podrían ser de hasta 20 meses por cada delito.
La única persona que no aceptó los cargos fue el exempleado de la Presidencia Pablo Gómez, por lo que la Fiscalía solicitó una pena de 16 años de cárcel por peculado y lavado de dinero.
Gómez, a quien la Fiscalía señala de ser la persona encargada de mover millones de dólares en efectivo y de depositar fondos en cuentas del partido que llevó a Saca al poder, pidió durante el uso de la “última palabra” su absolución.
“Quiero decirle a mi familia y al pueblo salvadoreño que no les fallé”, dijo el imputado tras declararse inocente y señalar a la Fiscalía de acusarlo injustamente.
Los defensores de Gómez solicitaron a los jueces, en caso de declararlo culpable, que cambien la tipificación del delito de peculado a peculado culposo, con lo que también desecharían el cargo de lavado.
Los abogados de los imputados se concentraron al cierre del juicio en pedir a los juzgadores que se abstengan de emitir una sentencia de responsabilidad civil, porque consideran que la Fiscalía no logró individualizar los montos que cada imputado malversó.
La Fiscalía ha pedido que los acusados respondan con sus bienes, incluidas 86 radios de Saca, por los “daños” causados al Estado por más de 300 millones de dólares como “responsabilidad civil solidaria”.
Las empresas de Saca que pasarían a poder del Estado son el Grupo Samix, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión Usuluteca, Promotora de Comunicaciones y las radios 94.1 FM y ABC FM, mismas que se encuentran en un proceso paralelo de extinción de dominio.
El abogado defensor de Saca, Mario Machado, pidió este martes declarar la responsabilidad civil del exmandatario solo por 15,5 millones de dólares, que representan apenas el 5,16 % del monto cuestionado.
La petición de devolver solo esta cantidad se basa en que la Fiscalía estableció que esos 15,5 millones de dólares fueron los “retornados” a Saca mediante un esquema de lavado de dinero que incluyó sus empresas.
Saca y el resto de imputados conocerán finalmente su futuro judicial y el de sus bienes el próximo 12 de septiembre a las 14.00 hora local (20.00 GMT), cuando la corte emita su fallo.
Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar delitos de corrupción. Su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores (1999-2004), falleció antes de que se instalara dicha etapa penal por la supuesta malversación de 15 millones de dólares.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes -incluido Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua y requerido por supuestamente malversar 351 millones de dólares- suman más de 666 millones de dólares
