La jueza Kenya Romero se reservó el fallo sobre la solicitud de medida de coerción; el MP pide prisión para cinco
Será el próximo lunes cuando la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, emitirá su decisión de si impone o no medida de coerción contra los implicados en el caso Coral.
Tras escuchar, durante tres días, la acusación presentada por el Ministro Público, los alegatos de la defensa y las palabras de los imputados, la magistrada se encuentra edificada y en condición de deliberar para emitir un veredicto.
En ese sentido, fijó la audiencia para el lunes las 11:00 de la mañana, por lo que los imputados seguirán recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde ya llevan hoy dos semanas, a la espera del fallo.
El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva contra el mayor general Adán Cánceres Silvestre, el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Mientras que para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien está colaborando con ellos y el pasado jueves aceptó los cargos e inculpó a los demás acusados, solicitó que se le imponga arresto domiciliario, vigilancia e impedimento de salida del país.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, le indicó a la jueza que debido a las declaraciones emitidas por Girón Jiménez, este ahora está en una situación especial con relación a su seguridad, aunque esto no quiere decir que quedará fuera del proceso.
¿Llegaron a un acuerdo con Girón Jiménez?
Al ser preguntada sobre si el mayor y el órgano acusador llegaron a un acuerdo, Reynoso dijo que el Ministerio Público en el transcurso de la investigación aplica las medidas procesales que el Código le permite que sean aplicadas. “Y en este caso el Ministerio Público hace uso de estas medidas procesales”, manifestó ante la pregunta de la prensa a la salida de la sala de audiencias.
Afirmó, también, que han presentado evidencias que son más que suficientes para una medida de coerción y que las declaraciones de Girón Jiménez están debidamente sustentadas.
“Y eso es así, el país lo vio que es así, esas pruebas que el Ministerio Público ha presentado y que sustentan hechos que son sumamente graves y reiteramos, que todas las declaraciones que dio Raúl Girón, el Ministerio Público tiene en su manos todas esas evidencias que hemos ido en el transcurso de las horas observándolas, analizando y realmente pudiéramos decir, desde el Ministerio Público, que quizás es uno de los caso que más pruebas contundentes tiene el Ministerio Público y que hemos dicho que en su debido momento iremos presentando”, precisó.
Defensas de cinco piden libertad
De su lado, las defensas de los imputados Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, el cabo Flete Guzmán y el coronel Núñez de Aza pidieron a la jueza Romero que rechace la solicitud que hizo el Ministerio Público de prisión preventiva y en consecuencia se dicte libertad pura y simple.
Indicaron que las imputaciones del órgano acusador carecen de sustento, y que además, los referidos acusados tienen arraigo suficiente para no sustraerse del proceso penal.
Por ejemplo, en la audiencia del pasado jueves, el coronel Núñez de Aza, acusado de ser el cerebro financiero de la supuesta red que presuntamente distrajo fondos públicos de entidades castrenses, le prometió a la jueza Romero asistir aquí cada vez que sea citado. “Quiero que se investigue todo a fondo, no tengo la necesidad de ser testaferro de nadie”, manifestó el imputado que también dijo que el dinero que dice el Ministerio Público obtuvo de manera ilícita fue ganado honorablemente.
Mientras que ayer el abogado del mayor Girón Jiménez indicó que se adhiere al petitorio del órgano acusador y solicitó, también como medida de coerción, arresto domiciliario, vigilancia e impedimento de salida del país.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Antes de que la jueza informara que emitirá su decisión el lunes, el mayor general Cáceres Silvestre tomó nuevamente la palabra. Esta fue la tercera ocasión que se dirigió al tribunal.
Ayer, mostró su indignación por las declaraciones emitidas por Girón Jiménez, quien lo inculpó en la red de corrupción.
En su intervención de 25 minutos el alto oficial manifestó que las palabras del mayor son indignantes pues “no guardan relación con la realidad” y que es una irresponsabilidad. Dijo que no tiene nada que ver con el entramado.
Defendió el origen de su patrimonio al indicar que no es cierto que se enriqueció producto de actividades ilícitas en el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) como afirmó Girón Jiménez el jueves en la noche.
Desafió al referido imputado para que muestre “una sola prueba” de que le hizo transacciones del supuesto dinero distraído de las entidades castrenses.
Afirmó que solo posee una sola cuenta bancaria y allí solo hay registros de los pagos que recibió por su servicio militar.
“Esa cuenta bancaria contiene todos los movimientos que definen mi patrimonio personal, porque yo desafío a Girón o a quien sea que me diga que ha depositado un peso en esa cuenta de banco que es la única que tengo”, expresó.
Le explicó a la jueza Romero que en la única cuenta, que dijo tener, hay pagos por concepto de nóminas. Detalló que recibía D$25,000 de la Presidencia, RD$45,000 por su cargo de mayor general, RD$80,000 por su posición como comandante del Cusep y 250,000 pesos mensuales del Ejército por el puesto en el Cusep.
“Si (Girón) lo hizo (los pagos) ¿dónde está el dinero, donde lo depositaron? Cómo puede decir cosas que nunca va a poder probar, eso es una irresponsabilidad”, manifestó.
De acuerdo a las investigaciones cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado para distraer fondos del Cusep y del Cestur.
Yeni Berenice reitera tiene suficientes pruebas
La procuradora ajunta Yeni Berenice Reynoso afirmó, ante los cuestionamientos a las pruebas por parte de los acusados, que “los imputados pueden decir lo que quieran, pero las pruebas están, las tenemos, los mensajes, todos los archivos, las fotografías; todo está en manos del Ministerio Público”. Sobre la pregunta de si sería apresado Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur y mencionado por Girón Jiménez como uno de los oficiales que recibía dinero del entramado, Reynoso afirmó que “de todas las afirmaciones tenemos pruebas”. Reynoso y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezan el equipo que representa al Ministerio Público en el proceso. Además, forman parte del equipo de litigación de este caso los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
