El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá hoy si envía o no a juicio de fondo al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás implicados en el caso Medusa.
El magistrado fijó para las 9:00 de la mañana la lectura de la decisión sobre la solicitud presentada por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de enviar a juicio de fondo a los encartados en el sonado caso para que allí respondan por los hechos que se les imputan.
El magistrado decidirá sobre un expediente de más de 12,274 páginas presentado por el ministerio público, además de cientos de pruebas a descargo presentadas por los imputados y sus respectivas barras de defensa, con las que buscan un auto de no ha lugar.
Durante el conocimiento del juicio preliminar que inició el 12 de agosto del 2022, más de 20 imputados de corrupción denominado Operación Medusa, han admitido su culpabilidad luego de un acuerdo con los fiscales, donde señalan como principal implicado al exprocurador Rodríguez.
En el acuerdo figuran Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, Carolina Pimentel Bonifacio, Carlos Augusto Guzmán Oliver, César Nicolás Rizik Pimentel, Daniel Enrique Vásquez Féliz, Jenny Marte Peña, Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Salterio, Mercedes Salcedo Disla, Rafael Salvador Razuk Sánchez, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz y Lisandro José Macarrulla Martínez.
Asimismo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Francisco Arturo Santos Gómez, José Miguel Estrada Jackson, José Antonio Santana Julián, Ricardo Antonio Carrasquero Frías.
También las empresas Mac Construcciones, Espacio & Arquitectura S.R.L., Abastesa, Divamor Group SRL, Herrajes, Rachel, F&F Import, Parasata Mercantil, Constructora Carrasquero, Rogama SRL, Swaziland SRL y Constructora Integral SAS.
Igualmente, varios imputados han sido desglosados del proceso cuyos expedientes se están conociendo por separado en el Tercer Juzgado de la Instrucción. Este caso incluye a Altagracia Guillén Calzado, Juan Azael y a las empresas Smart Logistics, Distribuidora Ropi, Ropalma y Viaros Comercial.
El exprocurador fue apresado el 29 de junio de 2021 y días después el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso 18 meses de prisión, como medida de coerción para ser cumplida en la cárcel de Najayo.
Empero, el juez Amauri Martínez, le varió la prisión preventiva en enero del año 2023 por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y el pago de una fianza de 50 millones de pesos a través de una aseguradora.
