El mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y los otros tres implicados en el caso Coral a quienes se les dictó prisión preventiva, fueron trasladados la madrugada de ayer hacía el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, donde cumplirán la medida de coerción.
A partir de ahora, los imputados tienen un plazo de 18 días para recurrir en apelación. Con este recurso tendrán una oportunidad para tratar de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional les varíe la medida por una menos gravosa o se les dicte libertad pura y simple, como habían pedido en principio.
Las defensas de Cáceres Silvestre, la pastora Rossy, el cabo Tanner Flete, el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento Alejandro Montero indicaron el pasado lunes que primero analizarán la decisión de la jueza Kenya Romero, quien les dictó la prisión preventiva a los referidos acusados, para determinar si apelarán.
En realidad, el plazo para recurrir es de 20 días a partir de la notificación del fallo de la jueza, el cual fue entregado a las partes el pasado martes, y como hoy ya es jueves, entonces tienen 18 días para hacer el debido trámite.
¿Cuál es el procedimiento?
Según establece el artículo 411 del Código Procesal Penal, la apelación se formaliza presentando un escrito motivado en la secretaría del juez que dictó la decisión (en este caso es la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional).
Este proceso no paraliza la investigación ni los procedimientos en curso.
La normativa también indica que el juez envía de inmediato las actuaciones a la Corte de Apelación, que fija una audiencia para conocer y resolver el recurso, cuya decisión debe estar motivada.
El artículo 415 establece que la corte puede desestimar el recurso, en cuyo caso la decisión es confirmada o declarar con lugar el recurso, con lo que revoca o modifica parcial o totalmente la decisión y dicta una propia sobre el asunto.
¿Qué paso con Girón?
Al sexto imputado, el mayor Raúl Girón, quien está colaborando con el Ministerio Público y admitió los cargos, la jueza Romero le impuso arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría General de la República. La información del domicilio es manejada de manera confidencial, por motivos de seguridad, pues la semana pasada, en plena audiencia de medida de coerción, Girón inculpó a los demás acusados.
