SANTO DOMINGO (República Dominicana).— Las autoridades judiciales de la provincia Sánchez Ramírez impusieron tres meses de prisión preventiva a Yeyson Rojas Mosquea, acusado de pertenecer a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y asesinatos por encargo, con conexiones directas con el crimen organizado internacional.
La medida fue dictada por la jueza Dorka Altagracia Vásquez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, y deberá cumplirse en la Fortaleza Palo Hincado, de la misma provincia. La decisión se basó en las pruebas preliminares presentadas por el Ministerio Público como parte de la denominada Operación Jaguar.
El expediente fue presentado por un equipo de fiscales conformado por José Miguel Marmolejos, de la Dirección General de Persecución, la fiscal titular Juana María Hernández, y los fiscales Francis Valerio, Tiburcio Antonio Gómez Vásquez y Rolando Vásquez.
Las investigaciones revelan que Rojas Mosquea estaría vinculado a una red criminal que opera entre República Dominicana y México, con nexos directos con el cartel mexicano de Sinaloa. Esta estructura, según las autoridades, se dedica al tráfico de estupefacientes, armas, lavado de activos y ejecuciones por encargo.
Como parte de la operación, el 1 de julio de 2025 el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, la DEA (Administración de Control de Drogas de EE.UU.) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), llevó a cabo un operativo contra una célula del cartel mexicano que opera en territorio dominicano.
Esta célula estaría detrás del asesinato del teniente retirado Juan Luis Castro Custodio, alias “El Polin”, y del intento de homicidio contra José Francisco Del Orbe Peña, conocido como “Gueilón”, ocurrido el pasado 10 de febrero en el sector Cocos, del municipio Cotuí.
Las autoridades dominicanas identificaron como principales sospechosos de planificar y financiar estos actos violentos a los ciudadanos mexicanos César Eduardo González Zabala y Daniel Hiram Jáquez Ortega, quienes se encuentran actualmente prófugos. Se ha iniciado una persecución internacional con el apoyo de la Interpol y la DEA.
El Ministerio Público sostiene que estos crímenes fueron parte de una estrategia del cartel de Sinaloa para eliminar testigos y silenciar a personas vinculadas con su red en el país.
Las autoridades continúan ampliando la investigación y no descartan nuevas órdenes de arresto y sometimientos judiciales en el marco de la Operación Jaguar, que busca desmantelar por completo esta organización criminal que ha operado entre ambos países.
