Hacia una justicia disciplinaria más efectiva y garantista en el Ministerio Público

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Por: Jonathan Baró Gutiérrez, miembro del Ministerio Público

La existencia de un sistema disciplinario, funcional y respetuoso de los derechos fundamentales constituye una condición esencial para fortalecer el Estado de derecho. En el caso del Ministerio Público de la República Dominicana, la reciente implementación del reglamento disciplinario vigente representa un paso trascendental hacia un modelo de control interno más moderno, justo y efectivo. Su promulgación no solo responde a una necesidad institucional, sino también a una exigencia de la Constitución y del ordenamiento jurídico-administrativo vigente.

El reglamento vigente parte del principio de legalidad, consagrado en los artículos 40.14 y 69 de la Constitución y desarrollado en la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública. A través de él, se define de forma precisa cuáles son las conductas sancionables, los procedimientos a seguir y las garantías que deben observarse. Se establece una tipificación clara de las faltas disciplinarias y se consolidan principios fundamentales como el debido proceso, la motivación de las decisiones, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las sanciones.

Una de las innovaciones más significativas del reglamento vigente es la separación efectiva entre los órganos de investigación y los de juzgamiento. La Inspectoría General se encarga de investigar; el Consejo Disciplinario, de juzgar en primera instancia, y el Consejo Superior, de conocer los recursos jerárquicos. Esta división funcional resguarda la imparcialidad y evita la concentración excesiva de poder en una sola instancia. Además, se introduce la figura del miembro instructor, encargado de analizar los requerimientos y emitir decisiones durante la etapa preliminar, lo que agrega una capa adicional de garantía y control.

Sin embargo, a pesar de los avances, persisten debilidades que deben ser corregidas. Históricamente, la Inspectoría General ha tramitado pliegos de cargos con una extensión desproporcionada, estructurados bajo una lógica de persecución penal, con cientos de páginas y argumentos propios de procesos por criminalidad organizada. Este enfoque no solo es innecesario en el ámbito administrativo sancionador, sino que obstaculiza el logro de decisiones ágiles y justas. La reforma del 2022 permite, como lo hace el Poder Judicial, que los inspectores no sean necesariamente fiscales, abriendo la posibilidad de profesionalizar la función investigativa desde un enfoque técnico y objetivo.

Otro aspecto preocupante ha sido la duración excesiva de los procedimientos disciplinarios. A esto se suma una situación que ha generado inquietud: en múltiples procesos, los fiscales han sido representados técnicamente por profesionales altamente competentes en derecho penal y procesal penal, lo cual podría ser una ventaja si estos conocieran también el régimen de derecho administrativo sancionador. La falta de dominio de esta materia coloca, en muchos casos, a los colegas en una posición de desventaja técnica frente a la Inspectoría, generando una sensación de indefensión procesal que debilita el principio de igualdad de armas. Resulta incomprensible que, en algunos casos, las causas se extiendan por más de cuatro o cinco años. Esta situación fue posible bajo el reglamento anterior, cuya estructura privilegiaba la lógica procesal penal en detrimento de los principios de celeridad, eficacia y seguridad jurídica propios del derecho administrativo. El reglamento vigente introduce plazos razonables y perentorios para la investigación y el juzgamiento, con mecanismos claros de extinción de la acción disciplinaria por inactividad institucional, lo cual debe ser aplicado con rigor.

Debe reconocerse, además, que algunos disciplinables han recurrido al abuso del derecho para entorpecer los procesos, planteando incidentes reiterados que convierten las audiencias en procedimientos interminables. Incluso personas con condenas penales firmes han logrado mantener suspendido el desenlace disciplinario mediante el uso excesivo de recursos que, aunque legalmente previstos, han sido utilizados con fines obstructivos. Frente a esta realidad, es indispensable que las autoridades disciplinarias apliquen los correctivos necesarios para que el ejercicio del derecho de defensa no se desnaturalice.

Análisis de las estadísticas 2016–2024

De acuerdo, con datos suministrados a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público “durante el período 2016–2024, se conocieron 65 casos disciplinarios, en los cuales se leyeron pliegos de cargos en su totalidad. De estos, se emitieron 33 decisiones definitivas, incluyendo 16 destituciones y 8 absoluciones. Además, se adoptaron 34 medidas provisionales o cautelares y se archivaron 4 casos.

Desde la perspectiva territorial, las fiscalías más involucradas han sido Santo Domingo (9 casos), el Distrito Nacional y Santiago (8 cada una), seguidas por San Pedro de Macorís (7) y otras jurisdicciones con menor incidencia. En cuanto al rango, los casos disciplinarios han involucrado principalmente a fiscalizadores (25) y procuradores fiscales (22), seguidos por procuradores fiscales titulares (5) y procuradores de corte (6), incluyendo un titular”.

Este panorama demuestra que el sistema disciplinario ha sido activado, pero aún se enfrenta al desafío de una mayor eficiencia y uniformidad en la respuesta institucional, así como de una adecuada proporcionalidad en las decisiones.

Conclusión

En definitiva, el reglamento disciplinario vigente marca una transición positiva hacia un modelo más coherente con los estándares constitucionales, convencionales y administrativos. No se trata de debilitar el control interno, sino de garantizar que dicho control sea ejercido con justicia, objetividad y eficacia. Solo así, el sistema disciplinario podrá cumplir su finalidad: asegurar la integridad institucional, fortalecer la confianza ciudadana y proteger los derechos de quienes sirven a la justicia desde el Ministerio Público.

Para avanzar hacia un sistema aún más robusto y justo, es imperativo que los miembros del Consejo Disciplinario, los inspectores y los integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público participen en formaciones continuas en materia de derecho administrativo sancionador. Una capacitación técnica adecuada permitirá mejorar la calidad de las investigaciones, así como la motivación jurídica de las decisiones, fortaleciendo de esta forma la legitimidad del régimen disciplinario en su conjunto.

Referencias

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