GUATEMALA. El testigo especial de la Fiscalía Juan Carlos Monzón relató hoy de forma pormenorizada en qué gastaron el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti un millonario soborno a cambio de la adjudicación de un contrato en la mayor terminal marítima del país, Puerto Quetzal.
Según la declaración de anticipo de prueba de Monzón, Pérez Molina y Baldetti lideraban una trama de corrupción para conceder a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial en Guatemala de la firma española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), un contrato tras pagar una comisión de 30 millones de dólares.
El ex secretario privado de Baldetti señaló que de estos, 24,5 millones serían para los socios locales de la estructura (Pérez Molina y Baldetti), cinco millones para un grupo de argentinos involucrados en la trama y medio millón para otros gastos.
Según las autoridades, el expresidente y la exvicepresidenta solo recibieron doce millones de dólares, pero con ellos adquirieron diversos muebles, inmuebles y propiedades.
Monzón relató cómo Pérez Molina adquirió un equipo de pesca por 37.000 dólares para su nuevo yate, valorado en unos 370.000 dólares.
La exvicepresidenta, por su parte, gastaba el dinero en casas, joyas y ropa, además de invertir en un salón de belleza y un gimnasio, y comprar un hotel en la ciudad colonial de La Antigua.
Sin embargo, dijo el testigo, quien también admitió haber recibido unos 57.000 dólares con los que se compró un vehículo y una moto, “el que menos gastó fue el señor presidente (Pérez Molina), él siempre tenía su dinero ahí”.
Monzón relató cómo los 12 millones de dólares supuestamente pagados por TCQ se desembolsaron a través de las empresas de Jonathan Chevez, otro de los detenidos, que a través de “su casa de cambio” y otras empresas, regresaba el dinero a los miembros de la estructura a cambio de una comisión, en torno al 13 %.
El colaborador eficaz explicó además la implicación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas René Charchal Ramos, quien tiene en su contra un antejuicio.
Supuestamente, TCQ interpuso un amparo en contra del alcalde del municipio de Puerto San José, Jorge Rizzo, porque quería obligar a la empresa a pagar una licencia de construcción de 24 millones de quetzales (unos 3,2 millones de dólares), a lo que los responsables de la firma, los españoles Juan José Suárez, detenido, y Ángel Pérez-Maura, en busca y captura, se negaban.
Ahí intervino Monzón, quien pidió ayuda con el tema a Charchal, al que conocía porque lo había ayudado a ser magistrado a través de Baldetti, y ambos “solucionaron” el tema y el Juzgado resolvió de forma favorable a TCQ.
TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de 255 millones de dólares.
El proyecto se solicitó y se presentó durante el Gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), pero fue durante la siguiente Presidencia cuando se firmó, con Pérez Molina ya en el poder.
Este martes es el segundo día de la audiencia de primera declaración de las 11 personas implicadas en un caso en el que otras cinco están en busca y captura.
