BRASILIA. El Ministerio Público Federal (Fiscalía) de Brasilia descartó ayer que los cargos por los que se ha abierto un juicio político destituyente contra la presidenta Dilma Rousseff constituyan delitos punibles en los tribunales convencionales.
El fiscal Ivan Cláudio Marx solicitó que se archive la causa, aunque la Justicia puede rechazar esta recomendación y remitir el caso a la Procuraduría General de la República para que prosiga las investigaciones, según un comunicado del Ministerio Público.
Rousseff fue apartada de la Presidencia de Brasil el pasado 12 de mayo por decisión del Senado, mientras se lleva a cabo un juicio político destituyente, que podría concluir el próximo agosto.
La acusación en ese proceso le imputa a Rousseff una serie de maniobras contables para maquillar las cuentas públicas en los últimos años.
Esas maniobras incluyen demoras en el pago de fondos a bancos públicos y en un programa de subsidios agrícolas, lo que fue considerado por la acusación como una operación de toma de crédito por parte del Gobierno, lo que está prohibido por ley.
Según el fiscal, esas maniobras no son un delito y no constituyen un crédito, sin embargo, consideró que estas se realizaron con “el objetivo de mejorar artificialmente las cuentas públicas en período electoral”, lo que constituye “abuso de poder” e “improbidad administrativa”.
En su decisión, el fiscal también solicitó que se archiven otras denuncias de supuestas irregularidades del Gobierno de Rousseff en relación a operaciones similares relativas al programa de construcción de viviendas populares impulsado por el Estado.
Según la acusación en el proceso de destitución, el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), unas cantidades que fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.
Esas prácticas, que datan de 2014 y se mantuvieron en 2015, dieron sustento a la acusación que llevó a la apertura del juicio político contra Rousseff, quien fue suspendida de sus funciones y sustituida en forma interina por su entonces vicepresidente, Michel Temer.
El proceso contra Rousseff ahora está en manos de una comisión de senadores, que está elaborando un informe en el que deberá recomendar la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada.
Ese informe será presentado el próximo 2 de agosto y luego remitido al pleno del Senado, donde deberá ser votado el día 9 de ese mismo mes.
Si en esa instancia fuera aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, la Corte Suprema volverá a convocar al pleno del Senado para una última sesión, en la que Rousseff sería destituida si lo respaldara una mayoría calificada de 54 senadores (dos tercios).
De llegarse a ese extremo, Temer concluirá el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta, recuperará el poder una vez que se publique la sentencia.
