SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que la recién promulgada la Ley 140-15 que regula el notariado dominicano e instituye el Colegio Dominicano de Notarios, genera alta preocupación por las distorsiones y efectos negativos que acarrearía en el desarrollo de la economía y la sociedad.
Aunque constituye un instrumento que procura adecuar la función notarial a los cambios políticos, sociales, económicos, legales e institucionales acaecidos en el país, la Finjus proclama que su adopción ha generado gran rechazo en múltiples sectores sociales, debido a que esencialmente se asienta en una grave distorsión sobre la naturaleza de la función notarial, que es de carácter público y que debe servir al interés general.
“Los notarios en nuestro ordenamiento jurídico ejercen una función pública que le ha sido delegada por el Estado: la de dar autenticidad y fecha cierta a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, en virtud de lo determinado por la ley”. En un comunicado, la entidad de la sociedad civil sostiene que por ello sus actos deben responder a lo establecido por la Constitución dominicana en su artículo 147. Entiende que debe estar destinada a satisfacer las necesidades de interés colectivo y responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.
“En base a lo anterior, las graves repercusiones que alertamos con relación a esta ley se concentran principalmente en la nueva escala tarifaria que establece, pues la misma aumenta irrazonablemente los costos establecidos en la normativa derogada”, afirma.
Sostiene que el establecimiento de tarifas para la remuneración de los notarios constituye una fórmula por la que el Estado financia entre sus usuarios los gastos de índole personal y material inherentes al desempeño de la función notarial, a efectos de preservar los intereses generales del conjunto de la sociedad.
El establecimiento de una tarifa que debe ser cobrada idénticamente por los notarios es consecuencia del servicio público que brindan, con la particularidad de que el Estado no otorga recursos para gestionar las notarías. Cree que así que los notarios no compiten entre sí por el precio de los servicios, sino por la calidad con la que los ofrecen.
