La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que las leyes de Partidos y de Régimen Electoral no pueden esperar más tiempo en el congreso si se quiere evitar las enojosas actividades proselitistas que se están realizando en todo el país a más de dos años para los próximos comicios.
Señaló que la práctica ilegal de los partidos políticos está produciendo graves distorsiones en el contexto sociopolítico nacional, lo que demuestra la urgencia de que ambos proyectos de leyes sean aprobados ya.
Régimen electoral. Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la entidad de la sociedad civil recordó que la legislación electoral vigente prohíbe de manera absoluta la campaña a destiempo.
Agregó que la Junta Central Electoral (JCE) es competente para dictar las normas relativas a las asambleas electorales, y cualquier otra regulación de las acciones partidarias, “incluso en un marco como el actual, caracterizado por la ausencia de un sistema de consecuencias eficaz dentro del ordenamiento jurídico electoral dominicano”.
Señaló que la potestad que le otorga a la JCE la vigente Ley Electoral 275-97 en todo lo concerniente a la organización, dirección y supervisión de las elecciones, es tan amplia, que en su artículo 6 establece que este órgano, en sus atribuciones administrativas y reglamentarias podrá también reglamentar y disponer cuantas medidas considere necesarias, y dictar todas las instrucciones que juzgue necesarias.
“Queda claro que la Junta Central Electoral tiene plenas facultades para regular las actuaciones de los partidos y agrupaciones políti cas en el marco de las campañas electorales, puesto que precisamente es ésta la naturaleza de la JCE y no de ningún otro órgano institucionalizado de nuestro Estado de Derecho”, subrayó Castaños Guzmán.
Ley de Partidos. Con relación al proyecto de Ley de Partidos y Organizaciones Políticas que se discute en el Congreso, señaló que el mismo establece entre otras cosas, un límite temporal preciso de un año para que se realicen todos los preparativos electorales y actividades políticas internas y populares de campaña.
Agregó que desde la Finjus se ha llamado a la so ciedad para que contribuya a que los partidos políticos sean sometidos al orden legal mediante el fortalecimiento de su propia institucionalidad.
“Y dado que todavía no han sido aprobados los proyectos de ley referidos anteriormente, se requiere que los órganos competentes puedan ir sentando bases normativas coherentes al sistema político que se pretende a través de los instrumentos legislativos impulsados”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Finjus.
Discrecionalidad. Reveló que estudios recientes muestran que aparte de las tensiones que se generan al calor de las disputas, la falta de normas adecuadas y de control han dado a las agrupaciones políticas un margen de acción y discrecionalidad demasiado amplia, que a fin de cuentas fomentan las prácticas clientelistas, la opacidad, y la supremacía de actuaciones individuales por encima del fin colectivo que debe ser su objetivo.
