El pasado 29 de mayo, la jueza Josefa Bustos Manjón, titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, acordó el archivo de la causa que investigaba al exdiputado del Partido Popular Vicente Martínez-Pujalte y a la exsenadora popular Ana Torme por el cobro de trabajos de asesoría supuestamente inexistentes.
Lo hicieron a través de la empresa Sirga XXI, de la que ambos eran socios.
En el auto, la jueza Bustos Manjón decreta el sobreseimiento y archivo de las actuaciones a petición de la Fiscalía, que no ve indicios de delito de cohecho y falsedad en documento mercantil.
Pero la cuestión afecta a miles de contribuyentes ante la Agencia Tributaria (AEAT). La Justicia admite que son válidos los “informes verbales” y viene a avalar la tesis de la “asesoría verbal continuada”, cuestión que no es admitida en general por los inspectores de la AEAT y por la que el fisco ha recaudado millones de euros.
El propio fiscal entiende que los pagos que se recibieron por esos informes verbales “no se ocultaron y se declararon a Hacienda. Los pagos no son opacos, ya que se hacían mediante transferencia en cuentas de la empresa y, a su vez, las empresas que pagaban no lo hacían a través de sociedades pantalla».
Esta sentencia ha caído como un jarro de agua fría sobre los funcionarios de la Agencia Tributaria, que vienen considerando que los informes de asesoría tienen que ir avalados por “papeles” y que de lo contrario se consideran“servicios inexistentes”. El temor en el fisco es que ahora los miles de profesionales afectados presenten sus casos ante los tribunales de Justicia.
