El diputado Javier Valdez destacó que estas medidas regulan las visitas a los principales delincuentes, amén de bloquear las telecomunicaciones a 100 metros alrededor de las cárceles.
Además del corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia cárceles, granjas penitenciarias, centros intermedios, de detención menor y temporales de reclusión, queda estipulado un régimen de internamiento especial.
Al mismo serán sometidos feminicidas, presos de alta peligrosidad, o que cumplan penas por narcotráfico, crimen organizado, homicidio agravado, violación, secuestro, extorsión y agrupaciones ilícitas, entre otros.
Para ellos las visitas familiares deberán realizarse ante la presencia de custodio, con separación, evitando el contacto físico o controladas a través de medios tecnológicos.
A su vez, carecerán del derecho a visitas familiares o íntimas los presos en Centros de Máxima Seguridad, o sea, aquellos que presenten una actitud hostil, de violencia, realización o inducción de actos terroristas.
A su vez, el director general de Centros Penales es facultado para suspender sin goce de sueldo de los empleados o funcionarios que propicien alguna ilegalidad, y para establecer quién caerá bajo régimen especial.
Las medidas extraordinarias, establecidas en 2016, propiciaron una reducción significativa en los índices de criminalidad, pues hasta entonces muchos delincuentes mandaban más dentro que fuera de la cárcel.
