Dedicado a todos aquellos fiscales que han muerto, y cuyos hijos y parejas todavía viven sin una pensión de sobrevivencia.
Por Jonathan Baró Gutiérrez
Procurador general de Corte de Apelación
El tiempo también pasa para quienes defienden la ley. A pesar de que el deber no se pensiona, la vida sí exige pausas, descanso y dignidad. Los fiscales dominicanos, hombres y mujeres que han entregado su carrera a la persecución penal y a la defensa de los intereses del Estado, se acercan al final del servicio sin una certeza: la de una pensión que les permita vivir con seguridad después de tantos años de sacrificio.
El Ministerio Público dominicano vive un momento decisivo. Actualmente cuenta con 1,129 fiscales en total, de los cuales 1,126 forman parte de la carrera. La institución se organiza en cuatro categorías: 14 procuradores adjuntos, 263 procuradores generales de corte de apelación, 491 procuradores fiscales y 361 fiscalizadores. Más allá de los números, lo verdaderamente importante es la edad promedio de quienes integran el sistema: un indicador que desnuda el reto de la renovación generacional y la urgencia de un retiro digno.
Según el informe de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público (2025), los procuradores generales de corte de apelación tienen una edad media de 58.96 años; los procuradores fiscales, 51.19 años; los fiscalizadores, 42.81 años; y los procuradores adjuntos rondan los 50 años. En otras palabras, la carrera se aproxima a una etapa en la que muchos de sus miembros necesitarán pronto una respuesta institucional a la pregunta más humana de todas: ¿qué pasará cuando ya no podamos seguir sirviendo?
El Poder Judicial cuenta con un sistema que, sin ser perfecto, reconoce el valor del servicio. Entre los años 2015 y 2025, fueron pensionados 84 jueces, con una edad promedio de 69 años y una pensión mensual promedio de 177,104.95 pesos. El retiro judicial incluye, además, seguro médico y de vida hasta los 80 años, así como una pensión por sobrevivencia para el cónyuge o los hijos menores. Esa estructura no solo es un reconocimiento económico, sino también una muestra de respeto institucional.
Replicar ese modelo en el Ministerio Público resultaría imposible por ahora. Solo para iniciar algo similar se necesitarían más de seis mil millones de pesos, una suma que escapa a cualquier proyección presupuestaria actual. Por eso, la solución debe ser creativa, responsable y propia. Un fondo complementario de retiro, construido sobre aportes solidarios y administrado con transparencia, podría convertirse en la herramienta que dé respuesta a esta deuda institucional. Sí, implicaría descuentos adicionales para los fiscales, pero el sacrificio sería justo si garantiza una vejez digna a quienes han dedicado su vida al servicio del país.
El Consejo Superior del Ministerio Público ha mostrado disposición para impulsar este paso, y su iniciativa merece apoyo. Cuando lleguen las primeras decisiones, los montos o las fórmulas iniciales, lo sensato será respaldarlas. Porque todo proceso de transformación comienza con una convicción y un primer paso.
El retiro pendiente no es un tema de cifras ni de privilegios, sino de justicia. Es una manera de decirle a cada fiscal que su entrega no fue en vano.
Referencias:
- Oficina de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial de la República Dominicana. Respuesta a solicitud SAIP-SIP-000-122602 sobre datos estadísticos de jueces pensionados (2015-2025). Santo Domingo, D.N., 3 de octubre de 2025.
- Dirección General de Carrera del Ministerio Público. (5 de septiembre de 2025). Informe de respuesta a la solicitud OAI No. SAIP-SIP-000-120937. Procuraduría General de la República.
