SANTO DOMINGO. Las organizaciones dominico-haitianas que instrumentaron un expediente judicial contra varios miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y oficiales civiles no pudieron suministrar ningún tipo de pruebas que los involucrara en la comisión de violación a los derechos humanos y constitucionales.
La querella fue interpuesta contra el presidente de la JCE, Roberto Rosario, los miembros titulares Rosario Graciano de los Santos y César Francisco Féliz Féliz, así como de los Oficiales del Estado Civil de las Oficialías de las Circunscripciones Primera y Segunda del Municipio de San Pedro de Macorís y de los Oficiales Civiles de Ramón Santana, y San José de los Llanos, la cual fue declarada inadmisible por el Ministerio Público.
En su dictamen, la Procuraduría General de la República sostuvo que los querellantes no pudieron comprobar en modo alguno en que consistieron las acciones ilícitas ni el tipo penal, ni muchos menos la correspondencia con la supuesta conducta infraccional de los querellados para constituirse en bandas de malhechores, acorde a lo establecido en el artículo 265 del Código Procesal Penal.
“Por lo que tal imputación es muy severa, temeraria, indignante, irrespetuosa y cruel para juzgar la conducta de autoridades que con su accionar solo estaban cumpliendo con sus distintas funciones en el desempeño de los diferentes cargos que ocupan en el Órgano Electoral y el Registro Civil, los cuales fueron elegidos o designados de conformidad con la Constitución, los convenios Internacionales legalmente aprobados por el Congreso Nacional y las leyes vigentes”, aduce.
Indicó que las actuaciones de los magistrados y funcionarios de la Junta Central Electoral están enmarcadas dentro de sus atribuciones jurisdiccionales, de tal manera y forma que mal pudieran imputarle a los querellados la comisión de ilícitos penales en violación a la normativa penal.
Los querellantes fueron el Centro Cultural Dominico-haitiano, El Movimiento Socio-cultural de Trabajadores Haitianos, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) y la Colectiva Mujer y Salud, entidades que forman parte de la Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau. La firmaron también varias personas que también se consideran afectadas por los referidos oficiales civiles de la provincia de San Pedro de Macorís.
