El plazo de dos años otorgado por el Tribunal Constitucional al Congreso Nacional para que apruebe una ley orgánica que regule el uso de la fuerza pública para la ejecución de las decisiones judiciales, vence el próximo 2 de agosto, y todavía no ha sido aprobada esa legislación.
Si al vencer ese plazo el Congreso no ha aprobado esa norma legal, la resolución 14379-05 emitida por la Procuraduría para regular el otorgamiento de la fuerza pública “devendrá en inconstitucional con todos sus efectos”, por mandato del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional, en la sentencia 110/13, declaró inconstitucional esa resolución emitida por la Procuraduría el 11 de noviembre de 2005, pero difirió los efectos del fallo por un período de dos años, contados a partir de la notificación. La sentencia del TC tiene fecha del 4 de julio de 2013, pero fue notificada el 2 de agosto de ese año al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez; al entonces presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez; al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, y al procurador general, Francisco Domínguez Brito. A la Asociación Dominicana de Alguaciles le fue notificada el 10 de agosto.
Someterá proyecto
El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, depositará hoy un proyecto de ley que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública para la ejecución de sentencias y títulos ejecutorios, para que se conozca de urgencia antes de concluir la presente legislatura, ya que el plazo de dos años dado en la Sentencia del TC 110/13 al Congreso, para legislar en tal sentido, vence el próximo 4 de julio.
“El TC declaró inconstitucional la resolución que regula el otorgamiento de Fuerza Pública dictada por el Ministerio Público. A partir del próximo 4 de julio esa normativa jurídica no tendrá efectos ni vigencia..”, dijo.
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