La Procuraduría General de la República revivió ayer el sonado expediente de los Tucano, y reveló tener “pruebas contundentes” contra los únicos cuatro encartados en un expediente declarado complejo, entre otras cosas, por la presencia de un elevado número de implicados.
Se trata del otro caso de sobornos por un monto de US$3.5 millones que habría pagado la empresa aeronáutica EMBRAER, también brasileña, a 11 funcionarios dominicanos para la aprobación en el Congreso Nacional del préstamos de US$94 millones con los que el Estado adquirió una flotilla de aviones Super Tucano en el 2008.
Los investigados. Por el denominado “crimen transnacional organizado de corrupción” fueron interrogados por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) el ex secretario de las Fuerzas Armadas, Carlos Piccini Núñez; y el ex ministro de Defensa Rafael Peña Antonio.
También los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, propietarios de la empresa 4D Business Group S.A, y/o Kantor; Samuel Pereyra Rojas, de Saperofa; y Arturo Balaguer, de Magycorp, a través de las cuales habrían entrado al país los dineros de los sobornos.
Esos interrogatorios iniciaron en agosto del 2016, basados en un informe del proceso de investigación criminal 1.34.014.000207/2012-33 PR/RJ, suministrado por las autoridades de Brasil, atendiendo una solicitud de cooperación internacional hecha por el Ministerio Público local.
Dicho informe señala que las investigaciones del caso hechas en Brasil revelaron “una corrupción pasiva y lavado de dinero” en República Dominicana por parte de Carlos Piccini Núñez, quien al momento de los hechos, dirigía las Fuerzas Armadas.
Encuentra vínculos. En allanamiento practicado en la residencia de Piccini Núñez, la PEPCA incautó una serie de documentos y fotografías que pusieron de manifiesto “la participación en los hechos penales”, del exsecretario de las FFAA; de Peña Antonio, “y del congresista y senador de la República por la provincia Hermanas Miraba (Salcedo) Dr. Luis René Canaán Rojas”.
Los arrestos. El 9 de agosto la titular de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, solicitó al juez coordinador de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, orden de arresto contra Piccini Núñez, Peña Antonio, Aquino Hernández y Aquino Méndez.
De Pereyra Rojas no se supo más nada, y hasta ahora también se desconoce si el senador Cannán, quien emitió un comunicado poniéndose a disposición de la justicia, ha sido requerido por la PEPCA.
Medidas coerción. El 18 de agosto el magistrado Vargas impuso tres meses de prisión preventiva a Piccini Núñez, y dejó en libertad a Peña Antonio, con la condición de no salir del país y presentarse periódicamente a sus oficinas.
Para los dos empresarios ordenó grilletes electrónicos, medida de coerción esta que luego le fue variada, imponiéndosele a ambos las mismas medidas que a Peña Antonio.
A Piccini Núñez, en cambio, le ratificaron por tres meses más la prisión preventiva que guarda en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.
Pruebas contundentes. Ayer, el procurador general, Jean Rodríguez, informó que tiene “pruebas contundentes” para mantener en la cárcel a estos cuatro imputados en el caso Tucano.
Dijo que las mismas serán presentadas el próximo 10 de Abril en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cuando por ley, a los imputados les serán revisadas las medidas de coerción.
El funcionario dijo que esas pruebas han sido obtenidas durante un significativo número de allanamientos realizados a nivel nacional, y la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos y Brasil, lo que ha permitido fortalecer y ampliar las indagatorias.
“En esos allanamientos hemos hecho importantes hallazgos para sustentar el expediente de los imputados y mantenerlos en prisión, en lo que continúan las investigaciones del caso”, dijo el procurador en documento de prensa distribuido ayer a los medios.
