El país se encuentra al borde de un estallido social, como consecuencia de los actos corruptos generados en el gobierno con funcionarios y ex-Funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). No se trata de una percepción, es más una realidad conocida hasta en los rincones de cada hogar y de cada nación extrajera, donde quiera que hay una alma humana sin importar lo recóndito del continente, allí se habla de la situación actual de la Nación Dominicana.
El problema de esa situación tan peligrosa y arraigada en los sentimientos de amargura social, es que a veces no se guardan ni las formas, pues es sabido por todos los dominicanos como actuó el anterior Tribunal Superior Electoral (TSE), la manera usada con decisiones amañadas políticamente para destruir el sistema de Partidos Políticos de la nación y solo dejar un Partidos Político, el PLD y de ese llamado tribunal era miembro fuerte, activo y decisivo José Manuel Hernández Peguero.
También es de conocimiento público las andanzas de la anterior Junta Central Electoral (JCE), encabezada por Roberto Rosario Márquez, el gasto millonario en dólares para comprar unos escáners tramposos, inservibles y excluyentes de votos de los partidos de oposición, la construcción de cientos centros electorales a costo de millones de dólares, sin supervisión, ni rendición de cuentas, los acuerdos millonarios para sacar la nueva cédula, con empresa de registro nacional sin capacidad para realizar el trabajo y la terquedad de Roberto Rosario Márquez para escuchar las opiniones de los partidos de oposición en el certamen del año 2016, provocando una situación tan agria políticamente, que fue necesario que los Estados Unidos lo incluyeran en la lista internacional de personas no gratas y no legibles para ostentar un visado, llegando a despojarlo de manera pública y ni hablar de las quejas presentadas por organismos internacionales, por la conversión a apátrida de un grupo de personas, bajo el alegato de que no eran dominicanos, es decir el prontuario de Roberto Rosario Márquez, es tan grande y espacioso que en su momento habrá tiempo para conocerlos detenidamente.
Casi inmediatamente a la salida José Manuel Hernández Peguero como juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), el día 8 de febrero del 2018, fue anunciado con bombos y platillos en casi todos los medios de comunicación, su designación como delegado político del PLD en la Junta Central Electoral (JCE), lo que evidencia a decir de algunos especialista electorales y gentes comunes, en primer término, el agradecimiento que sentía el PLD, con su gestión dentro del (TSE) y en segundo término, que él nunca se despojó de su condición de peledeista, aun cuando le tocó ser algo tan grande, como miembros de la Magistratura superior del país, con la obligación juzgar y ser juzgado con justicia y transparencia.
Luego el día 6 de agosto del 2018, se anunció lo que las gentes del PLD denominaron reintegración de Roberto Rosario Márquez, como miembro del Comité Central del PLD, ese mismo Roberto Rosario Márquez, que regenteó las elecciones pasadas, que casi terminan en una guerra civil, por las denominados fraudes electorales denunciados por la oposición y donde se inició la quema de puentes, cierre de carreteras y protestas masivas, por el despojo de puestos de Senadores y Diputados a la oposición, es decir las formas avasallantes cómo actúan los dirigentes del PLD, le obnubilan para entender que la historia reciente está ahí, que ha dejado muchas heridas que deben primero ser curadas, pues cuando las heridas no se curan primero y luego se hacen otras, es posible que los victimarios sean descubiertos, apresados o atacados por las víctimas, sus dolientes o allegados.
Respuestaprocesal.com.do, entiende que el anuncio de reintegración y designación de personas que recientemente ocuparon posiciones cuestionadas, y que han herido susceptibilidades políticas constituye un mal mensaje para los ciudadanos que desean vivir en paz y armonía social, tratando de olvidar todas las desgracias que provocaron esos designados, además vislumbra un espacio de poder usurpado y un abuso de poder y autoridad cuestionable, que más temprano que tarde se revertirá y pagaran todos los autores y cómplices de la acción dolosa y abusiva.
