Editorial: Otra vez los Abusos con las Redadas Policiales 

Después del derrumbe de la tentativa de reelección y pisoteo de la constitución, los cuerpos policiales de la República Dominicana se han vuelto locos y buscaron de nuevo los camioncitos y vehículos, denominados en los años 1994-1996, cuando imperaba el asqueroso gobierno de Balaguer y su grupito de Reformistas  ¨La Perrera¨, nombre que proviene del latín vulgar, ¨para perros¨ y ciertamente no es para menos, porque para los cuerpos policiales dominicanos, los ciudadanos son menos que perros, sin valor y sin derechos fundamentales, sobre todo ahora en estos últimos meses, donde algunos mayores, tenientes, coroneles y generales, se han llegado a creer que su puesto es una licencia para maltratar los ciudadanos, sin que nadie se ponga los pantalones y pare ese abuso.  

El Código Procesal Penal de la República Dominicana, prohibió las redadas y solo autorizó en el artículo 177, dos tipos de registros colectivos, el que se ejecuta como consecuencia de la prevención, el cual debe ser puesto a conocimiento previo del Ministerio Público y el que se realiza como consecuencia de una investigación, que debe ser dirigido por el Ministerio Público, es decir en ambos registros debe por obligación participar directa o indirectamente la fiscalía local donde se ha ejecutado el registro restrictivo de derechos fundamentales.

Este medio de comunicación digital, ha recibido cientos de denuncias que dan cuenta, de que en el Distrito Nacional y las provincias, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Azua, Santo Domingo, San Juan y San Francisco de Maroris, se están realizando redadas indiscriminadas, retención de motocicletas, utilización por los agentes y personal de la policía de vehículos incautados o retenidos, sin autorización expresa de los propietarios, lo que representa una verdadera barbaridad, que violenta de manera, dura y seria, los artículos 46 y 51 de la Constitución, que contemplan los derechos al libre tránsito y de propiedad, que están por encima de cualquier rango policial o puesto de gerencia administrativa.

Sería bueno, que estos perversos entiendan, que la violación al libre tránsito sin autorización judicial, representa los típicos penales, de secuestro y rapto, que se castigan con pena hasta de 30 años de reclusión mayor, la destitución de las funciones y la incautación de todos sus bienes para indemnizar a las víctimas, porque además se tipifica el abuso de poder o autoridad contra los particulares y no solo pueden caer presos y ser suspendidos lo coróneles y generales regionales, sino el Director General de la Policía, si se comprueba que estos enemigos de la patria y de los ciudadanos actuaban con su autorización o con conocimiento de él, así que cuídense de no caer presos, porque la cárcel no está fácil para nadie, no se jueguen con la verdad, ya que el que se juega con candela se quema, o sale lleno de humo.

Muchos agentes policiales, intentan chantajear a los fiscales de los pueblos, en el sentido, de que si no lo dejan hacer lo que ellos quieran o actuar a sus anchas, abandonan el trabajo de prevención o se unen a los infractores, para derrocar la fiscalía o provocar un problema de percepción de inseguridad, pero todo eso lo hacen de manera planificada,  de manera fría y calculada por ellos, hasta que sale a la luz y luego están gritando en las mazamorras, ya que el poder civil, es el más duro, el que menos juega y a quien hay que tenerle mucho miedo.  

Respuestaprocesal.com.do, lamenta la situación del regreso a las odiadas redadas policiales. Pide a los Fiscales del Distrito Nacional y las provincias; San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Azua, Santo Domingo, San Juan, San Francisco de Macoris, tener mucho cuidado, pero sobre todo, que se vigilen a los fiscales de turnos, porque estos son los que casi siempre se dan cuenta de las violaciones y en caso de que se compruebe una desproporción en la aplicación de la autoridad de esos agentes de inmediato, tirarlos del bote, que se mojen en las aguas de los pueblos y es seguro, que de ella solo salen vivos los que saben nadar, ¡muy bien! Así evitaran las críticas y reservarán el orden democrático y el respeto a la Ley y la Constitución.