EDITORIAL
Ya van dos veces que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, intenta realizar una auditoría o investigación forense al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), sobre el manejo de los fondos públicos de tasas, contribuciones de sellos y aportes del Estado dominicano autorizados desde la creación de esta entidad corporativa de Derecho Público, resultando según ellos imposible porque se le ha impedido.
El primer intento de investigación o auditoría al manejo de los fondos del CARD, se realizó a mediado del año 2020, según lo expresado por el pleno anterior de la Cámara de Cuentas y terminó con el levantamiento de un acta de desacato y el depósito en Procuraduría General de una solicitud de investigación, a través de la comunicación marcada con el número 008157/2020 depositada en fecha 12 de agosto del 2020, en la Procuraduría General de la República, de cuya solicitud aún no hay respuesta ninguna.
EL segundo intento de investigación o auditoría al manejo de los fondos del CARD, según ha expresado el pleno actual de la cámara de cuentas en un acto de alguacil marcado con el número 224-2021 de fecha 2 de noviembre del 2021, se realizó entre los meses julio-agosto del 2021 y culminó con un acto de intimación y advertencia notificado tanto al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), su encargado Miguel Alberto Surun Hernández y a la propia Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (PEPCA), donde se le dieron 10 días para dejar entrar a los auditores a esa entidad, pero como se ha informado después de vencido este plazo los auditores se presentaron y según estos han publicado en recortes de noticias diarias de diferente periódicos, tampoco se les permitió entrar a hacer la auditoría o investigación.
De ambos intentos notorios de ingresos imposibles y supuesta obstrucción por el CARD, se pudiera inferir que alguien muy grande y poderoso está protegiendo impidiendo que la justicia siga su curso, y por demás ya la situación ha entrado en una especie de desacredito de la lucha contra la impunidad y corrupción administrativa llevada a cabo por la Procuraduría General de la República, incluso este caso provoca una especie de desautorización y perdida de autoridad de la Cámara de Cuentas, que es el único órgano constitucional con competencia para auditar, investigar y transparentar los fondos públicos, lo que resulta a esta altura del juego un peligro latente e inminente que no se puede permitir.
La Procuraduría General de la República y Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (PEPCA) deben actuar pero ya, pues unos 75 mil abogados que son los que defienden y acusan los imputados de los casos mas sonados en el país de este último año, comentan en los pasillos que la persecución es selectiva y tiene sus propios perseguidos, aunque este medio de comunicación entiende que no es así, sino que se buscan los méritos y pruebas que sustenten los casos, pero llegó la hora de parar este juego contra la autoridad fiscalizadora.
Respuestaprocesal.com.do, lamenta la negativa de los encargados del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), de no dejar y negar el ingreso a los auditores de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Pide a los actores competentes no permitir que sea desautorizada la Cámara de Cuentas y que actúen con urgencia, pues ya este escándalo público no soporta mas tiempo, pues explota y lanza lavas más que un volcán en erupción, que se lleva a su paso todo lo que encuentra, pues la negativa de acceso, es algo nunca visto en el territorio dominicano y ahora es una practica que debe ser detenida ya, pero ya, y llamados los encardados con mala cara, tanto la tesorera que según las ley es la responsable de los fondos, como el encargado del CARD.
