Editorial: Ley de Extinción de Dominio 

EDITORIAL

En la República Dominicana han aumentado en los últimos años las infracciones ligadas y provenientes de Blanqueo de Capitales y Lavado de Activos, a través de las cuales se han colocado en la economía y el mercado nacional e internacional, grandes cantidades de dinero y obtenido cuantiosos patrimonios consistentes en bienes muebles e inmuebles.

A esta problemática la legislatura nacional intenta responderle con una nueva Ley, a la cual les han denominado ¨Ley de Extinción de Dominio¨  que con ella el Estado Dominicano,  intenta a través de un proceso judicial brevísimo que  a las personas físicas y jurídicas se les expropien sus bienes muebles e inmuebles, para que a partir de la decisión judicial, esos bienes pasen a ser con suma facilidad propiedad del Estado, todo esto con una fase previa de incautación preliminar, como sucede en la actualidad con la Ley 155-17, sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Sobre este particular y deseo desmedido de establecer una Ley de extinción de dominio en este pequeño pedazo de tierra, debe saber el mundo entero que el Estado Dominicano, ha sido y es por los años, el más tramposo del globo terráqueo entero, sin excepción ninguna, que aquí para cobrarle al Estado no es fácil y una acción contra el Estado puede durar hasta 60 años y al final nadie le puede cobrar. 

Además, sepan todos, que este Estado dominicano, no tiene forma ni costumbre de pagar, mucho menos de indemnizar a nadie por error judicial y que nunca desde su fundación ha indemnizado a nadie por abuso de poder contra los particulares, y sobre este asunto, deben razonar, que en la nación dominicana no hay garantías de ningún tipo en materia procesal. La seguridad jurídica es prácticamente nula, pues para obtener respeto a sus derechos y acciones, los persiguientes deben tener mucho dinero y muy buenos abogados, y aqui el 80% de la población es pobre y no lo puede pagar.

Así las cosas, aunque la ¨Ley de Extinción de Dominio¨ pudiera ser buena iniciativa, pues como se ha diseñado  en principio, solo va dirigida contra los bienes obtenidos con origen ilícito, pero  aquí  por el momento con todas estas debilidades procesales, solo serviría para vivificar más el abuso de poder contra los particulares y promover la violación constitucional, que lejos de extinguir o menoscabar el derecho de propiedad, en su artículo 51,  promueve y protege  este derecho otorgándole  rango constitucional.

Es sabido que los Estados hermano que sugieren esta normativa nueva en República Dominicana,  para combatir con facilidad estos actos ilícitos económicos, tienen un sistema judicial que funciona, pero aquí en la nación dominicana, como ejemplo se pudiera establecer  que el tribunal natural para conocer las acciones administrativas ilícitas contra el Estado, es el Tribunal Superior Administrativo, que tiene jurisdicción nacional y cuando se somete un amparo, una cautelar o un recurso contencioso, solo la fijación dura meses y la emisión de la sentencia hasta que la parte reclamante se muere, pero el Estado se queda vivo y al final como ha pasado tanto tiempo,  declaran las acciones sin objeto.

Sobre los tribunales represivos penales, que pudieran ser los naturales para conocer las acciones penales provenientes de la ley de extinción de dominio,  en favor o en contra de los posibles sometidos y perseguidos, en un país donde el populismo penal  tiene más imperio y poderío que la propia ley  y   el nivel de insatisfacción e injusticia, según estadísticas del sistema, no en este periodo judicial, sino desde la fundación de la República, es de más de un 80% de insatisfacción y con un sistema así, que comete tantos errores y donde todavía muchos jueces y fiscales sin pericia, juzgan y persiguen por sentimientos y a veces por parcialidad, sería como una especie de bomba atómica de racismo como las arrojadas por el gobierno sirio contra los rebeldes, en pleno acto de terrorismo  y bajo la conciencia que se comete  crímenes de guerra,  darle una nueva ley al Estado que otorgue tanto poderío contra los particulares.  

Respuestaprocesal.com.do, entiende que el presidente de la República  Luis Abinader Corona, antes de estar patrocinando una nueva  ley de extinción de dominio, debe convocar una mesa de trabajo, con el Poder Judicial y el Ministerio Público, para fortalecer los tribunales, y promover que el tribunal  superior administrativo, tenga alcance nacional con sus dependencias, para que pueda haber debido proceso y que además, se debe apoyar el conocimiento y preparación de los jueces y fiscales, estableciendo perfiles claros y contundentes que determinen cuales dentro del ministerio público y los jueces, están aptos para dar cumplimento a esta posible nueva ley y que hasta que esto no se haga, no se puede molestar más a la población con otras leyes que patrocinen la persecución y el abuso de poder contra los particulares y al mismo tiempo eficientizar la aplicación de la Ley 155-17, con la cual basta, para perseguir y despojar a las gentes de sus bienes en muchas ocasiones sin ningún derecho y solo por presunciones.