El día 13 de febrero del 2019, el Periódico el Nuevo Diario publicó un reporte de prensa incluido un vídeo, donde el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana el Dr. Miguel Surun Hernández da cuenta de que el día 7 de enero del 2019, recibió un expediente remitido por el Consejo del Poder Judicial para que sean procesados varios abogados, por alegados actos reñidos con la ética y la moral, para intentar de chantajear y extorsionar a unos clientes.
De esas declaraciones lo peligroso es que se informó la existencia de unas grabaciones telefónicas que al parecer fueron remitidas por el Consejo del Poder Judicial, a decir el mismo presidente del CARD en la nota de prensa.
Una escucha telefónica, pinchazo telefónico, intervención telefónica o interceptación, es el monitoreo de una conversación telefónica por parte de una tercera persona, usualmente en forma encubierta o ilegal. El término escucha se extiende a intercambio de información a través de redes informáticas.
La escucha telefónica por parte de la policía u otras fuerzas gubernamentales reconocidas, puede ser consideradas una escuchas telefónicas legal según la normativa procesal, en el caso de la República Dominicana esta práctica está regulada procesalmente por el artículo 192 del Código Procesal Penal y solo la puede ordenar el juez de manera excepcional y por no más de 60 días, a solicitud motivada del Ministerio Público. Por el peligro que envuelve y la violación que conlleva su ilegalidad, la ley dominicana solo autoriza esta práctica a solicitud del Ministerio Público.
Los que intercepten teléfonos de manera ilegal aparejan una penal de uno a tres años de prisión según al artículo 9 de la Ley 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología y en ese mismo tenor se refieren los artículos 5, 6, 7 y 8 de la misma ley.
Luego de la rueda de prensa dada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana y el Dr. Miguel Surun Hernández, quedó claro que hay una grabación telefónica de la cual no se estableció su origen o si fue ordenada por algún juez, no obstante una vez terminada la rueda de prensa del 13 de febrero del 2019, el día 14 ya esas conversaciones circulaban por las redes sociales y fue puesta a circular por allegados al Colegio de Abogados según denuncia de los abogados víctimas de la situación ilegal, lo que obliga a que se abra una investigación urgente para determinar el origen de la grabación, autores de la misma y origen de la propagación en las redes sin autorización de un juez.
La Procuraduría General de la República y el Ministerio Público no guardan relación con la publicación de esa grabación ilegal, pues este órgano actúa en la actualidad de conformidad con la ley, pero hay que investigar quienes fueron los que cometieron el crimen, pues los abogados hoy sufren más que en la época de la tiranía, ya que no pueden hablar en privacidad con sus clientes, sin ser intervenidos, intervenciones que no se producen como consecuencia de una investigación seria en su contra o por orden de un juez, sino por intereses personales y revanchas políticas.
Respuestaprocesal.com.do, lamenta las interceptaciones telefónicas ilegales puestas a circular por las redes sociales y el anuncio de las mismas por parte del Dr. Miguel Surun Hernández, pide al Procurador General de la República y al departamento de crímenes y delitos de alta tecnología proceder de inmediato para identificar los autores y cómplices de la interceptación ilegal, pues está tomando cuerpo entre los abogados el malestar y sospecha de que su teléfonos están intervenidos, lo que ha conllevado a que algunos procedan a acercarse a las autoridades para que conozcan la situación y de hecho eso puede traer una situación de gravedad extrema.
