La seguridad jurídica es la convicción que tienen los ciudadanos de una nación cualquiera de que su persona, su familia, sus pertenencias y derechos estén protegidos por las diferentes leyes y que sean cumplidas por sus autoridades, y en caso de que se tengan que llevar a cabo un procedimiento legal, éste sea realizado según lo establecido en el marco jurídico.
Especialistas en materia constitucional establecen que la seguridad jurídica se basa en tres pilares principales, el cumplimiento del debido proceso de ley, el respeto a los plazos procesales y el imperio propio de la ley, mientras que otros le agregan un cuarto elemento, que se refiere a las capacidades y habilidades personales que deben poseer los juzgadores y administradores de justicia en sentido general.
Lo contrario a la seguridad jurídica, es la inseguridad jurídica y esta se basa en una debilidad general de la institucionalidad, iniciando con la destrucción de las instituciones o institucionalidad y culminando con una débil e insolente aplicación de justicia, donde todos los individuos actúan al margen de la ley, sin esperanza de que puedan ser sancionados.
Es evidente que la República Dominicana ha perdido la capacidad legal, es decir, el panorama de inseguridad jurídica es más latente que los aspectos que brillan de la seguridad, así las cosas, se denuncian a diario violaciones al debido proceso, abuso de poder, abuso de autoridad, desconocimiento generalizado en la aplicación de justicia, excepción de personas que accesan a la justicia con más facilidad que otras, exclusivamente abogados a lo que se le ha denominado «Amarres«, y por esos amarres se tuerce al extremo el derecho y la razón, quedando en el plano factico de la inseguridad.
Las denominadas altas cortes con especialidad el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que supuestamente fue creado para proteger la constitución, es el tribunal que más inseguridad ha sembrado, pues allí existen expedientes que tienen cuatro años sin ser fallados, cuando la ley le otorga un plazo de cuatro meses y esto representa el símbolo de la inseguridad, ya que si el tribunal supremo constitucional cuya decisiones son vinculantes a los demás tribunales del país, entra en una mora fatal y asquerosa, evidencia claramente que no hay nada que buscar en la nación, porque se ha perdido la seguridad jurídica.
Los tribunales dominicanos son más apariencia que realidad, pues en ellos existe una mora nunca contemplada en una sociedad civilizada y quien se emprenda a denunciarla siendo abogado de ejercicio, no podrá ejercer nunca en los tribunales, por las represalias que se toman en su contra y todo eso forma parte de la violación del debido proceso de ley, la falta de reguardo de los pazos procesales y la falta de capacidad del Poder Judicial y el Ministerio Público para controlar la situación.
El concepto magistrado en la República Dominicana esta torcido, pues tantos jueces como fiscales desde que inician su función ya son magistrados, sin siquiera haber analizado su conducta psíquica y mental y sobre todo su nivel de experiencia, habilidad y conocimiento práctico, por eso en ausencia de esas capacidades, hay tribunales y Ministerios Públicos cuyo único mérito para ejercer la función, es que han sido nombrados y de ahí nace la inseguridad jurídica.
Las denuncias llueven en cada momento, las quejas son interminables y algunos tribunales se manejan como con un espejo presentando una imagen falsa, pues debe quedar claro que cualquier juez, fiscal o funcionario de justicia que violente los plazos procesales y el debido proceso de ley, es un delincuente y debe ser sometido y apresado sin importar el rango que ocupe en el escalafón de maldad jurídica.
Respuestaprocesal.com.do lamenta la situación que vive la República Dominicana, como consecuencia de la inseguridad jurídica, descrita con la Mora Judicial y Constitucional, la violación al debido proceso, el abuso de autoridad y poder y el desconocimiento y falta de habilidades prácticas de la mayoría de Jueces y Fiscales, que juzgan tan solo porque han sido nombrados, pero que en muchas ocasiones ni siquiera su moral les permite estar de pie. Pide a los organismos internacionales de observación judicial y constitucional venir en ayuda de la República Dominicana, para que denuncien en los renglones internacionales la selva jurídica en que se ha convertido la Justicia Dominicana como consecuencia de la falta de seguridad jurídica.
