Unos 61,644 abogados fueron los citados para emitir su voto el día 02 de diciembre del año 2017 en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), según los planteamientos realizado por Héctor Emilio Severino Fabián (Héctor Severino), Manuel Emilio Galván Luciano (Manuel Galván) ambos altos dirigentes del (PLD) y el del (PRM), Rafael Santos Badía. (Rafael Santos), pues esos datos no fueron oficiales, ya que el padrón del colegio de abogados fue un asunto secreto y muy pocas personas tuvieron acceso a él y aquellos que tuvieron acceso debieron recibirlo con la imagen de culto humano del candidato del PLD y con los datos que este le suministraba.
De los 61,644 abogados que supuestamente y según la comisión del PLD que presidió las elecciones del CARD estaban aptos para votar, aproximadamente más de 15,000 mil tienen una relación directa o indirecta con el Estado Dominicano especialmente con el gobierno del PLD, entre las instituciones centralizadas y descentralizadas como la JCE, la Policía Nacional, la Guardia, la Marina, el Ministerio de defensa, los Ayuntamientos, las Consultorías de las instituciones públicas entre otras instituciones y aquellos que cobran «Botellas« en múltiples instituciones de manera impúdica y perversa.
Al terminar el matadero de elecciones, esos mismos miembros ilegítimos por la parcialidad y obediencia al PLD anunciaron que según ellos votaron 21, 457 abogados de los cuales el candidato de la reelección Dr. Miguel Surun Hernández y representante del PLD alcanzó según esa comisión parcial 9, 610 votos. Esto indicaría según estos engendros del mal del PLD que voto aproximadamente el 30% o un poco más de los miembros activos del CARD y el otro 70% no voto por ningunas de la opciones presentadas.
De inmediato y muy contento el Dr. Miguel Surun Hernández, favorecido con el poderío y el dinero del Estado Dominicano, así como una comisión electoral complaciente de sus compañeros de partidos que presidia el matadero llamado elecciones, apareció en las redes sociales anunciando con bombos y platillos que estas fueron las elecciones más concurridas en la historia del CARD, a decir de él, sin embargo parece ser que invirtió los términos a su conveniencia, pues no se tratan de las elecciones más concurridas según algunos, sino ¨la más trasladadas y obligadas¨, ya que fueron traslados a la fuerza y bajo presión un grupo de abogados para que votaran contra su propia conciencia y voluntad, de hecho no lograron su objeto en totalidad, pues de los aproximadamente 15, 000 abogados ligados al poder político, solo lograron que una parte cogiera miedo a las amenazas de que serían cancelados sino votaban por esa opción del gobierno, además utilizaron millones de pesos para despilfarrarlos en cenas, conciertos, lujurias, compra de votos y conciencias, propias del miedo y la presión. Algunos testimonios reflejan que hasta fueron obligados a enviar fotos a sus superiores para probarles que votaron por la opción de la relección y le designaron supervisores para el traslado y vigilancia, situación que está en investigación y de ser comprobada, es evidente que se trató no de unas elecciones libres, sino del chantaje y extorsión más seria y grave cometida por poder político alguno en la últimas décadas, con categoría de crimen internacional y cuyos autores y cómplices pudieran pulgar una pena de hasta 50 años de cárcel.
Las elecciones fueron conducidas por una comisión del PLD y el día que se celebraron las mismas según algunos solo la comisión envió una sola acta a cada mesa, ni siquiera una para cada delegado, así que ¿Cómo se puede determinar de manera seria cuantos votaron?, pues también se dice que el padrón fue alterado y un grupo de estudiantes fue carnetizado para votar, mientras que muchos abogados de verdad fueron excluidos del padrón y no pudieron votar.
Los grades perdedores fueron los miembros de la comisión electoral que por un asunto ético y a sabiendas que eran altos dirigente del PLD, no debieron inmiscuirse en un problema tan serio como presidir elecciones de abogados, pues cuando las aguas vuelvan a su cauce y la verdad salga a la luz, es evidente que las cosas quedaran escritas para el momento propicio y se irán al zafacón de la historia junto con los beneficiados de las malas mañas.
En definitiva no hay duda de que con una votación tan baja, las denuncia de alteración, exclusión del padrón, una comisión parcial, compra de votos, amenazas, presión para votar y traslado y supervisión del voto de los empleados del estados directos e indirectos, se trata del certamen más oscuro e ilegitimo de los últimos 500 año de existencia de la isla de Santo Domingo cuando aún habían indios ignorantes y como se ha dicho la ilegitimidad obliga a la indiferencia contra todos los que ostentan un poder usurpado.
Respuestaprocesal.com.do, lamenta la baja votación en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) en el periodo 2018-2020, en la cual el partido de gobierno PLD impuso Dr. Miguel Surun Hernández, llama a la Procuraduría General de la República a investigar las denuncias de existencia o no de chantaje y extorsión manifestado a través de la presión para votar, traslado y vigilancia de empleados a la fuerza, exclusión del padrón de muchos abogados, la carnetizacion de estudiantes para que ejercieran el voto, el no envió de las actas suficientes a las mesas para cada delegado, el uso del dinero del colegio en talleres, diplomados, supuestas maestrías y habilitaciones docente dirigidas a obtener voto y promover un culto al presidente reelecto y sus socios candidatos en la seccionales , el traslado masivo de abogados a seccionales que solo tenían 100 votos y aparecieron con cientos y miles, en fin todas las mañas y maniobras fraudulentas puestas a funcionar para permanecer en el poder, incluida la forma como fueron propuestos y elegidos los miembros de la comisión electoral Héctor Emilio Severino Fabián (Héctor Severino), Manuel Emilio Galván Luciano (Manuel Galván) altos dirigentes del PLD y el del PRM, Rafael Santos Badía. (Rafael Santos) y si se determina que hay lugar a la denuncia de oficio abrir una investigación enviando a la cárcel todos los autores y cómplices de la trama electoral más peligrosa de los últimos 200 años de vida Republicana.
