Editorial: Apertura presencial de la Justicia

Ronda en el contorno nacional, el sonido de los tambores de guerra, puestos en marcha por los directivos ilegítimos del Colegio de abogados de la República Dominicana (CARD),  y un grupo de sectores que se han sumado, con una serie de diatribas e insolencias directas contra la Suprema Corte de Justicia y el presidente, Luis Henry Molina Peña, irrespeto que se está generalizando en muchísimos sectores nacionales, lo que deja  sentir la percepción de que algo no anda por buen camino en la aplicación de justicia.

La pandemia del Covi19,  provocó  cambios sustanciales en el manejo de todas las operaciones de la República Dominicana, financieras, de telecomunicaciones, de trabajo, de unidad familiar, educativa, en fin, hasta en el ámbito de la justicia en sentido general, permitiendo el resurgimiento con mucha fuerza de las tareas virtuales, que llega precisamente en el momento menos esperado, cuando un grupo de usuarios de sistema virtual no estaban preparados para dar respuestas a  todas las exigencias requeridas y eso sucedió hasta en el contorno educativo, en donde fue necesario la adaptación urgente a las nuevas exigencias y requerimientos visuales, pero en el aspecto judicial esta adaptación no ha sucedido con la misma rapidez, debido a que los abogados en su mayoría  no tenían cultura tecnológica, ni tampoco prepararon las condiciones para ello. 

El día 15 de septiembre del 2020, el Colegio de abogados de la República Dominicana (CARD), ha convocado una marcha ilegitima, que ha de partir para el Palacio Nacional, donde  exigirán la apertura de la justicia y la renuncia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, con especialidad del presidente, Luis Henry Molina Peña, marcha que por los que convocan, desde ya se nota la ilegitimidad, porque los convocantes, son personas que tienen una dirección dilatada dentro del CARD, al margen de la Ley, y con una serie de señalamientos de violaciones legales con características punibles graves, que lejos de estar convocando a marchas debieran estar recluidos en las cárceles nacionales, por las documentaciones que pesan en su contra y aun no lo están.

Lo cierto es, que  en el fondo hay un problema serio en la aplicación de justicia, que debe ser resuelto a la mayor brevedad posible, ya que el sistema virtual no es malo, pero no está dando las respuestas urgentes, ágil y oportunas que requieren los usuarios de la justicia, lo que obliga a repensar una salida urgente, viendo la necesidad de miles de abogados que casi están desapareciendo de la faz de la tierra, por falta de ingesta de comida y el ingreso mínimo de dinero para el sustento diario de sus familias.

Esta apertura debe ser ya, pero no a requerimiento del  grupo que integra el CARD, que está ilegitimado, por su accionar negativo, sus tachas, sus atribuciones penales, su ocupación ilegal dilatada de esa institucional al margen de la Ley y sin respuesta oportuna de la justicia ante tal ocupación perversa, lo que equivale a decir, que la inacción de la justicia dominicana, especialmente del Tribunal Superior Administrativo (TSA), creó el monstruo Maligno, el leviatán sin control, que hoy intenta destruirlos en su totalidad. 

Respuestaprocesal.com.do, pide buscar una salida urgente a la crisis de la justicia, llegando a un consenso por el bien nacional y de la clase jurídica dominicana, pero sobre todo por los usuarios que ante la falta de respuesta rápida y oportuna, pudieran incluso retroceder a la época de las cavernas, la venganza privada y la actuación al margen de la Ley, perdiendo la esencia del  Estado de Derecho. Pide a la Procuraduría General de la República, dar respuesta a los requerimientos de la cámara de cuentas, respecto al Colegio de abogados de la República Dominicana (CARD), pues el silencio a tanto tiempo, deja ver una percepción de impunidad sin precedentes, que sabemos no será el norte de esta nueva gestión, legitimada e iluminada por la población en sentido general,  que espera justicia.