En Brasil, hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular.
Y luego está el proceso para iniciar un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que este domingo será sometido a un voto crucial en la Cámara de Diputados.
La votación en la que se decidirá si trasladar la acusación al Senado se da después de que una comisión especial de Diputados le diera luz verde al proceso a inicios de la semana, por considerar que hay indicios que la presidenta cometió crímenes «de responsabilidad».
Pero la principal acusación que podría costarle el cargo a Rousseff no es exactamente por el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpica a su gobierno y a la clase política brasileña en general.
Tampoco se basa en los señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas, como se ha reportado que admitieron ex-ejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante los fiscales.
La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Y ha causado una gran fisura en Brasil,separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.
La tensión que genera este tema fue evidente en el voto de la comisión, con fuertes acusaciones entre los diputados, gritos y desorden a la hora de la votación.
Y también es visible en la valla que se instaló frente al parlamento para separar a los partidarios de la presidenta Rousseff de aquellos que exigen su salida.
«Lo que está en juego no es sólo una cuestión legal, sino de estrategia política de los actores involucrados», dijo Carlos Pereira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, una universidad brasileña de élite
