De las 27 personas contra las que el Ministerio Público presentó acusación formal en el caso de corrupción Operación Antipulpo, hay cuatro que han recibido un trato preferencial por admitir los hechos que les imputan o por ofrecer información que sirvió de base para ampliar la investigación en la que hay implicados varios hermanos del expresidente Danilo Medina.
Francisco Pagán, Rafael Germosén Andújar, Aquiles Christopher Sánchez y Julián Suriel Suazo son los nombres de los “colaboradores” que han salido a relucir durante el proceso, y que debido a la postura que han asumido frente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fueron beneficiados con medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva.
Estos imputados son visto con recelo por parte de algunas barras de abogados que defienden a los demás acusados del caso, a juzgar por las declaraciones emitidas por los defensores de Alexis Medina Sánchez, quienes durante el conocimiento de la medida de coerción consideraron que los que han admitido los hechos, incriminan a Alexis Medina.
En declaraciones anteriores, los abogados del principal imputado del caso Pulpo, también habían considerado que los acercamientos de los representantes del Ministerio Público con acusados en el proceso, refleja una especie de “desesperación” y que la Pepca no tiene un caso blindado como ha divulgado ante la opinión pública.
Recientemente salió a relucir la información de que en su colaboración con el Ministerio Público, Francisco Pagán habría admitido que adquirió bienes con fondos cuestionados y procedió a hacer entrega voluntaria al órgano persecutor del Estado.
Costo de la corrupción
“La corrupción carcome a la sociedad, deteriora el Estado de derecho, destruye la confianza en la administración pública y crea un entorno favorable para que se multiplique la desigualdad social, se incremente el crimen organizado y la inseguridad ciudadana”, establece la Pepca cuando habla del costo que representa para el país el caso Pulpo.
De acuerdo con la acusación, desde el 16 de agosto de 2012, cuando Danilo Medina Sánchez asumió como presidente de la República, “varios miembros de la familia Medina Sánchez, con el ya mandatario juramentado, pasaron a multiplicar sus influencias en diferentes instancias del Estado dominicano, empezando, obviamente, por la Presidencia de la República. En ese contexto, utilizando la Presidencia y la estructura familiar como escudo, el acusado Juan Alexis Medina organiza un entramado societario para distraer fondos del patrimonio del Estado dominicano”.
Los acusados
Como parte de la denominada Operación Antipulpo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa sometió a la Justicia a los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oisoe; Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy), exministro de Salud Pública; el excontralor Rafael Antonio Germosén Andújar, el expresidente del Fonper, Fernando A. Rosa Rosa; Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
También Rafael Leónidas De Oleo, Lib Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Víctor Matías Encarnación Montero, Francisco Ramón Brea Morel, Rigoberto Alcántara Batista y Carlos José Alarcón Veras.
Asimismo, Lewyn Ariel Castillo Robles, Lina Ercilia De La Cruz Vargas, Antonio Florentino Méndez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, José Miguel Genao Torres y María Isabel de los Milagros Torres Castellano.
fuente: Diario Libre
