Por Jonathan Baró Gutiérrez
Procurador general de Corte de Apelación
Una práctica que se ha normalizado
En la República Dominicana, la frase «audiencia suspendida» se ha convertido en parte habitual del guion judicial. Ocurre por razones tan variadas como la ausencia de un testigo, la falta de notificación a una víctima, la coincidencia de otro compromiso para un abogado o la imposibilidad de trasladar a un interno.
Para algunos, es apenas un trámite pospuesto; pero tras esas dos palabras se esconde un costo mucho más alto de lo que parece. Ese costo se mide en dinero, en tiempo institucional perdido y en el desgaste de la confianza ciudadana. Una audiencia es una cita con la verdad; suspenderla es interrumpir ese camino, detener el reloj de la justicia y desperdiciar recursos que difícilmente se recuperan.
El costo económico
Poner en marcha una audiencia activa una maquinaria compleja que moviliza a distintos actores y recursos. Este es un cálculo aproximado:
| Concepto | Costo (RD$) |
| Juez o jueza | 1,090 |
| Fiscal | 781 |
| Defensor público | 557 |
| Personal de secretaría | 273 |
| Custodia judicial | 159 |
| Dos policías para seguridad | 284 |
| Alguacil | 164 |
| Transporte imputado privado de libertad | 500 |
| Materiales gastables | 150 |
| Otros costos indirectos (notificaciones, impresión, digitalización, etc.) | 2,542 |
| Subtotal audiencia | 6,500 |
| Consumo eléctrico | 100 |
| Precio de cita o compromiso perdido | 70 |
| Total por audiencia | 6,670 |
Si la misma audiencia se suspende en cuatro ocasiones, el gasto acumulado asciende a 26,680 pesos. Es dinero público destinado a un acto procesal que no genera ningún avance y que agota recursos que podrían invertirse en resolver otros casos.
El costo humano
Más allá de las cifras, la consecuencia más profunda recae sobre las personas. Cada suspensión significa para la víctima perder horas —a veces un día completo— de trabajo, esperar en pasillos abarrotados y, en muchos casos, revivir el hecho que originó su denuncia. Con el tiempo, este desgaste mina su voluntad de continuar y abre la puerta a la impunidad.
El imputado, si está en libertad, también ve alterada su rutina para presentarse en un proceso que no avanza. El mensaje implícito es peligroso: que el tiempo en justicia no es urgente.
«En justicia, el tiempo no es neutral: o acerca la verdad o prolonga la impunidad».
Un problema que exige acción
Este no es un tema invisible para quienes integran el sistema de justicia. Jueces, fiscales y defensores públicos han manifestado su preocupación y trabajan en buscar alternativas para reducir al mínimo las suspensiones innecesarias. Saben que cada audiencia que no se celebra es un golpe al erario, a la credibilidad institucional y a la experiencia de quienes esperan justicia.
Conclusión
Una audiencia suspendida no es un trámite inofensivo: es dinero público que se pierde, tiempo institucional que no regresa y un golpe directo a la confianza en la justicia.
Por eso, jueces, fiscales, defensores y demás actores del sistema deben cerrar filas contra las suspensiones injustificadas. Cada audiencia frustrada retrasa la verdad, prolonga el dolor de las víctimas y fortalece la impunidad.
La justicia se mide en sentencias, sí, pero también en la rapidez con la que se dicta y en el costo que genera cuando se retrasa. Porque cuando el reloj judicial se detiene, la verdad se enfría, la esperanza se apaga y el sistema pierde no solo casos: pierde el sentido mismo de su existencia.
