Autor: Jonathan Baró Gutiérrez
Procurador general de Corte de Apelación
Hace cuatro años, el Consejo Superior del Ministerio Público reconoció públicamente a cuatro mujeres fiscales por más de tres décadas de servicio ininterrumpido en la institución, en un acto encabezado por la entonces procuradora general, Miriam Germán Brito, con motivo del Día Nacional del Ministerio Público.
Fueron reconocidas nuestras colegas fiscales Ana María Burgos Crisóstomo, con 45 años de servicio; Gisela Altagracia Cueto González, con 38; Casilda Báez Acosta, con 35; y Ramona Nova, con 30 años dedicados a la defensa de la legalidad. Aquel reconocimiento fue justo, necesario y merecido. Sin embargo, cuatro años después, la mayoría de ellas continúa en funciones activas. Solo Gisela Cueto ha pasado a desempeñarse como asesora en materia de cooperación internacional. Las demás siguen asumiendo responsabilidades que exigen presencia constante, concentración, resistencia física y fortaleza emocional.
Estas mujeres, junto a otros fiscales con trayectorias igualmente extensas, no representan solo historias individuales, sino que, encarnan la dignidad de todo el Ministerio Público. Son la memoria institucional, la experiencia acumulada y el ejemplo ético que ha sostenido la credibilidad de la institución durante décadas.
La Constitución dominicana garantiza la permanencia en la carrera fiscal hasta los 75 años. Esa previsión fue concebida como garantía de estabilidad. Sin embargo, la realidad actual exige una reflexión más profunda: en la actualidad, 22 fiscales sobrepasan esa edad y continúan activos en la institución.
No se trata de cuestionar su vocación, que es incuestionable, sino de reconocer una verdad institucional preocupante. Cuando el límite constitucional es superado por un número significativo de miembros, el problema no es la entrega de quienes permanecen, sino la ausencia de un sistema estructurado de retiro digno.
La esperanza de vida ha aumentado en el país. Vivimos más años, pero la función fiscal no es sedentaria. Implica exposición constante al riesgo, presión psicológica acumulada, audiencias prolongadas, jornadas extensas y un desgaste físico inevitable.
Muchos de estos fiscales veteranos se encuentran en Procuradurías Regionales, donde históricamente el ritmo de trabajo ha sido menor. Sin embargo, las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal, especialmente en materia de apelación, han transformado la dinámica procesal. En numerosos casos deberán conocer juicios con todo el rigor que implica celebrar audiencias extensas, dirigir debates probatorios complejos y sostener jornadas kilométricas. Esa exigencia puede afectar la salud de quienes han entregado más de tres y cuatro décadas de servicio.
Los datos oficiales del Ministerio Público revelan que la matrícula actual de Procuradores Generales de Corte de Apelación asciende a 347 miembros (actualización al 9 de marzo de 2026), distribuidos de la siguiente manera:
Matrícula de Procuradores Generales de Corte de Apelación
| Dependencia | Cantidad |
| Despacho del Procurador | 24 |
| Dirección General de Persecución del Ministerio Público | 13 |
| Fiscalías | 71 |
| Fiscalías Laborales | 2 |
| Fiscalías NNA | 10 |
| Funciones diferentes del MP | 6 |
| Oficina de Abogado del Estado | 21 |
| Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 37 |
| Procuradurías Especializadas | 28 |
| Procuraduría General Administrativa | 6 |
| Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico | 13 |
| Procuradurías Regionales NNA | 20 |
| Procuradurías Regionales | 96 |
| Total General | 347 |
Una proporción significativa, 96 en Regionales y 20 en Regionales NNA se encuentra precisamente en dependencias donde el impacto de las nuevas exigencias procesales puede resultar más intenso para fiscales de edad avanzada.
En este contexto, una pensión digna no es un privilegio corporativo; es una decisión estratégica de política pública. Permite proteger la salud de quienes han sostenido la institución y, al mismo tiempo, facilitar un relevo generacional ordenado, donde posiciones de alta exigencia puedan ser asumidas por miembros más jóvenes, con la resistencia física que demanda el proceso penal contemporáneo.
El ideal sería una pensión equivalente al 100 % del salario. Lo merecen quienes dedicaron su vida al servicio público. No obstante, para evaluar escenarios progresivos y técnicamente viables, se plantean las siguientes alternativas:
Procurador adjunto
Salario actual: RD$324,000.00
| Porcentaje | Monto de pensión (RD$) |
| 70 % | 226,800.00 |
| 75 % | 243,000.00 |
| 80 % | 259,200.00 |
| 85 % | 275,400.00 |
| 90 % | 291,600.00 |
| 95 % | 307,800.00 |
| 100 % | 324,000.00 |
Procurador general de Corte de Apelación
Salario actual: RD$204,000.00
| Porcentaje | Monto de pensión (RD$) |
| 70 % | 142,800.00 |
| 75 % | 153,000.00 |
| 80 % | 163,200.00 |
| 85 % | 173,400.00 |
| 90 % | 183,600.00 |
| 95 % | 193,800.00 |
| 100 % | 204,000.00 |
Procurador fiscal
Salario actual: RD$150,000.00
| Porcentaje | Monto de pensión (RD$) |
| 70 % | 105,000.00 |
| 75 % | 112,500.00 |
| 80 % | 120,000.00 |
| 85 % | 127,500.00 |
| 90 % | 135,000.00 |
| 95 % | 142,500.00 |
| 100 % | 150,000.00 |
El reconocimiento material del retiro es necesario, pero no suficiente. La justicia institucional exige, además, una protección sanitaria que preserve la dignidad y la tranquilidad de quienes entregaron su vida al servicio público.
El reconocimiento público honra la trayectoria de quienes dedicaron su vida al servicio de la justicia; sin embargo, la consolidación de una pensión digna, acompañada de una cobertura médica adecuada, constituye el paso natural y coherente para garantizar que esos hombres y mujeres puedan cerrar su carrera con estabilidad, seguridad y respeto. Permitirles un retiro honorable no solo protege su bienestar, sino que fortalece institucionalmente al Ministerio Público y asegura un relevo generacional responsable. Eso también es justicia institucional.
Señor presidente de la República, esta no es una solicitud aislada. Es una política de Estado. El Ministerio Público ha cumplido su misión en momentos complejos, ha enfrentado el crimen organizado, la corrupción y la impunidad con firmeza y determinación.
La experiencia de nuestros fiscales veteranos no se adquiere ni se reemplaza fácilmente; ha sido forjada a lo largo de décadas de servicio, decisiones complejas y compromiso con la justicia. Precisamente por ello, su retiro debe estar acompañado del mismo respeto con el que ejercieron su función.
¡Ahora corresponde al Estado honrar esa entrega!
