WASHINGTON. La Corte Suprema de Estados Unidos planteó sus dudas el miércoles sobre si Puerto Rico debe ser tratado como un estado soberano con poderes que vayan más allá de su estatus de territorio estadounidense.
Los magistrados consideraron la cuestión durante las argumentaciones en un caso delictivo que involucra a dos hombres que sostienen que Puerto Rico y el gobierno federal de Estados Unidos no los pueden procesar por los mismos cargos de vender armas sin permiso.
El principio de procesamiento por segunda vez impide que los acusados sean juzgados dos veces por el mismo delito, pero existe una excepción bajo la que se permite el proceso bajo leyes estatales y federales similares, ya que los estados son considerados soberanías separadas.
Varios jueces señalaron que el poder de Puerto Rico para aplicar leyes locales proviene realmente del Congreso de Estados Unidos, el cual en teoría podría retirárselo.
El caso tiene amplias implicaciones políticas y jurídicas que podrían afectar a Puerto Rico en asuntos que van desde el cobro de impuestos y la bancarrota a prestaciones federales. Ocurre en momentos en que el máximo tribunal de la nación se prepara para escuchar más adelante durante el año una disputa separada sobre si el gobierno puertorriqueño, inmerso en una profunda crisis financiera, puede otorgar poder a sus municipalidades para declararse en bancarrota.
La isla caribeña de 3,5 millones de residentes es un territorio estadounidense adquirido en 1898 después de la guerra entre Estados Unidos y España. Pero obtuvo cierto grado de autonomía en 1952, cuando adoptó su propia Constitución con aprobación del Congreso y se le permitió aprobar sus propias leyes locales.
La magistrada Elena Kagan dijo que los antecedentes significan que la fuente absoluta del poder jurídico de la isla es el Congreso.
“Si el Congreso ocupa el asiento del conductor, ¿por qué no es el Congreso la fuente única de autoridad?”, preguntó Christopher Landau, abogado que representa a Puerto Rico.
Landau señaló que bajo la Constitución de Puerto Rico, “el poder político de la mancomunidad emana del pueblo”. Señaló que el Congreso esencialmente renunció al control sobre los asuntos internos de Puerto Rico cuando permitió a la isla crear sus propias leyes y gobierno.
Pero el magistrado Antonin Scalia dijo que eso no significa que el Congreso no pueda cambiar la ley.
La magistrada Sonia Sotomayor, hija de padres nacidos en Puerto Rico, pareció estar de acuerdo con el argumento de que el Congreso tuvo la intención de conferir soberanía cuando aprobó la Constitución de la isla, aun si Puerto Rico no es del todo equivalente a un estado.
“Antes de 1952, el Congreso podía vetar leyes de Puerto Rico”, dijo Sotomayor. “Abdicó a ese derecho”, agregó.
