WASHINGTON. Dos años después de haber licenciado por la fuerza a centenares de miles de funcionarios estadounidenses, el Congreso amenaza con volver a hacerlo, esta vez a raíz del tema del derecho a abortar, cuestionado como nunca antes por los conservadores.
El Congreso debe votar imperativamente antes del inicio del año fiscal 2016 -el próximo jueves 1 de octubre- los recursos para el Estado federal. Si no lo hace, los funcionarios considerados no esenciales perderán sus empleos. Eso fue lo que ocurrió durante 16 días en octubre de 2013, como consecuencia de un pulso sobre la reforma del sistema de seguros de salud, y dado el bloqueo en el Congreso, este año podría repetirse la misma situación a partir del jueves próximo.
El sector más conservador de la bancada del Partido Republicano en la Cámara de Representantes insiste en impedir la aprobación de nuevos recursos de corto plazo para el Estado federal si no se cortan los fondos a una gran organización de planificación familiar, Planned Parenthood, una condición inaceptable para Barack Obama y los demócratas, que denuncian un ataque contra la salud de las mujeres y el derecho al aborto.
Durante una votación el jueves la minoría demócrata del Senado logró impedir, como estaba previsto, un texto que hubiera garantizado el financiamiento de la administración federal hasta el 11 de septiembre, pero a cambio de medidas contra las clínicas vinculadas a Planned Parenthood.
La organización depende de las ayudas públicas. Sus 700 clínicas suministran servicios de contracepción y exámenes de diagnóstico, actividades financiadas por el Estado federal. Se supone que los abortos propiamente dichos se financian con fuentes privadas, pero los conservadores opinan que la distinción entre unas y otras actividades es ilusoria.
La resistencia de los republicanos a las prácticas abortivas está condenada al fracaso, ya que los demócratas disponen de hecho de una minoría suficiente de bloqueo en el Senado y en última instancia del veto de Barack Obama a cualquier iniciativa contra Planned Parenthood.
Sin embargo, la intransigencia de los conservadores y su amenaza de no aprobar el presupuesto para el Estado federal y, en consecuencia, paralizar algunos de sus organismos permite demostrar a su base electoral su determinación sobre un derecho que sigue siendo objeto de grandes controversias en Estados Unidos.
