SANTO DOMINGO. Los últimos casos de corrupción presentados ante el Ministerio Público constituyen un desafío político y social para el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
Del papel que juegue en las investigaciones de casos como los sobornos de Odebrecht, la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos de parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), o del Consejo Estatal del Azúcar, dependerá el futuro de su figura política, a decir del politólogo Antonio Medina Calcaño.
Las manifestaciones de protesta que han encaminado los promotores de la Marcha contra la Impunidad y del Libro Verde, que demandan el sometimiento de los involucrados en el escándalo de Odebrecht en el país, son -a juicio del Medina Calcaño- la muestra del despertar de una población que se planteó romper con la cultura de la corrupción.
“Este escándalo no se queda como un caso más de corrupción, de los tantos que han afectado al Estado dominicano, sus consecuencias van más allá, y puede tener serias implicaciones políticas, donde está en juego la carrera y trayectoria de muchos de los actores que intervienen en el caso”, plantea Medina Calcaño, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
La semana pasada, una comisión de alto nivel nombrada por el Poder Ejecutivo para investigar el escándalo por la venta de terrenos en el CEA, determinó que la muerte de tres personas en San Pedro de Macorís, incluyendo los locutores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, ultimados a tiros por José Rodríguez, quien luego se suicidó, estuvieron relacionadas directamente con la compraventa de terrenos a esa entidad, por lo que recomendó enviar el caso al Ministerio Público para que determine la responsabilidad penal de “cualquier actor público o privado”.
Por este caso, el presidente Danilo Medina suspendió al director del CEA, José Joaquín Domínguez Peña, quien el pasado viernes fue sustituido en el cargo por Pedro Mota.
Respecto a los US$92 millones para sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en el país, por lo que se comprometió a retribuir al Estado con US$184 millones y entregar información sobre los sobornados, el esquema de trabajo cambió para el Procurador, luego de que un juez decidiera el miércoles de la semana pasada declarar inadmisible el procedimiento con el que las partes instrumentaron el pedido de homologación del acuerdo.
Según el Procurador, el caso no se detendrá por el “simple y natural contratiempo institucional”, reiterando que “el sobornador y los sobornados serán castigados”.
En el caso del director de CORDE, Leoncio Almánzar, quien vendió los terrenos del sector Los Tres Brazos a la empresa privada Titulatec, también una comisión nombrada por el Ejecutivo consideró que la venta fue irregular, y ordenó que el caso se remitiera al Ministerio Público.
“Lo que debe tener el Procurador es una actuación sin contemplación y severa contra aquellos funcionarios públicos que hayan cometido actos de corrupción sin ningún tipo de contemplación, pues lo que está en juego no es solo la credibilidad del Jean Alain Rodríguez, sino también de la Justicia”, comenta Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD).
Entiende que no será fácil manejar casos tan complejos, con tantas personas allegadas a tanta gente, y que involucra a diversos partidos, pero estima que el procurador debe hacer una raya de Pizarro y emprender acciones contundentes.
