El juez Francisco Ortega Polanco se reservó para esta tarde a las 4:00 el fallo sobre la medida de coerción contra los imputados de recibir soborno en el caso Odebrecht, porque no es humanamente posible emitir un fallo serio con el cúmulo de información dada en un plazo tan breve.
Antes, los defensores pidieron libertad para sus clientes.
La defensa de Roberto Rodríguez pidió que como medida de coerción al imputado se le imponga presentación periódica e impedimento salida.
Mostró documentos que prueban su arraigo en el país, tanto de él como de su esposa, sus hijos y nietos. Mostró que no hay prueba de este haya recibido soborno por parte de la empresa Odebrecht para favorecerla con contratos.
En tanto que la defensa de Ruddy González dijo que las imputaciones en su contra están en cinco líneas de un expendiente de más de 300 páginas, que es donde lo mencionan, por lo que no se explica que se le quiera aplicar medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva.
Reconoció que González es amigo de Rondón, pero cuestionó que eso bastara para arrestarlo y solicitar 18 meses de prisión.
En tanto que la barra de defensa de Conrado H.Pitaluga Arzeno, que encabezó Santiago Rodríguez, puntualizó que no hubo pagos indebidos para la redacción de los contratos y detalló la legalidad de los procesos que se llevaron a cabo que demuestran la inocencia de su defendido.
El abogado Conrado Pitaluga hijo, quien también formó parte de la barra de la defensa, afirmó que su padre no encaja en el expediente. El juez Francisco Ortega Polanco llamó la atención a Pitaluga hijo, tras manotear en el escritorio y por otros ademanes.
Pidieron su libertad pura y simple y prescindir que se le imponga prisión preventiva de 18 meses como medida coerción, por considerar que tiene suficiente arraigo en el país.
Mientras que la defensa de Andrés Bautista García, encabezada por Carlos Salcedo, solicitó presentación periódica, impedimento de salida o libertad inmediata.
Al presentar sus argumentos, sostuvo que no hay peligro de fuga y pidió su libertad, tras afirmar que el expediente acusatorio está lleno de falsedad, pues muchas de las imputaciones que se le hacen no son demostrables.
Los defensores de Máximo D’Oleo Ramírez expusieron que su defendido es inocente de los cargos que se imputan y calificaron la prisión de su defendido como irregular y alegre. No aceptan lo que dice el párrafo en el que se le menciona, pues entre otros elementos no especifica que recibió sobornos.
Afirmaron que su cliente nunca ha tenido contactos con fines de recibir sobornos y estimaron que hubo error del MP al redactar el documento acusatorio. Presentaron documentos para demostrar arraigo, entre ellos pasaporte, títulos de propiedad, cédula y acta de matrimonio.
La barra de la defensa de Víctor Díaz Rúa rechazó la solicitud de medida de coerción solicitada por el MP por considerar que faltan elementos que la justifiquen y plantearon que en caso de que se le impongan sea presentación periódica e impedimento de salida.
El abogado Abel Rodríguez del Orbe, quien integra la barra de la defensa de Díaz Rúa, dijo que la corrupción está enraizada y se da a todos los niveles. Consideró que el expediente está cargado de errores e incongruencia.
La defensa presentó presupuesto que demuestra solvencia económica y apego familiar.
Libre de una vez. Defensores de Temístocles Montás pidieron su libertad pura y simple. solicitaron al tribunal rechazar la prisión preventiva, por considerar que no presentar peligro de fuga y porque el expediente acusatorio en su contra no tiene sustento.
Pasadas la 9:00 de la noche, los abogados defensores de Angel Rondón solicitaron al tribunal ordenar el cese del arresto y la imposición de una medida menos gravosa.
Confiaron en que se respete el debido proceso. Calificaron como mamotreto y novelesca la solicitud de medida de coerción de 18 meses del Ministerio Público.
Expusieron que en sus 40 empresas Rondón genera más de mil empleos directos y unos 6,000 indirectos, una fortuna que supera los mil millones de pesos que dicen los ha acumulado con un trabajo continuo por más de 50 años. Dijeron que en todo momento este ha mostrado su disposición de ir a los tribunales.
No aceptar. Pasadas las 10:00 de la noche subieron a estrado los abogados del senador Julio César Valentín.
Justificaron la procedencia de su fortuna y pidieron que se declare la inadmisibilidad de la petición de medida de coerción del Ministerio Público.
La defensa de Pacheco, encabezada por Àngel Encarnación, dijo que en el período investigado por el MP su cliente no tenía ninguna función. Sobre el aumento de patrimonio en un 89% en virtud de un inmueble que no declaró, afirmó que dicho inmueble le fue ejecutado por un banco a su cliente en el año 2014.
“No hay investigación profunda ni seria; hay contradicción. Pacheco tiene préstamos hipotecarios de manera recurrente, evidenciando que no goza de fortuna; tiene una pensión por la que ha cobrado RD$19,318,000 entre 2006 y 2016; tiene una casa, préstamos bancarios recurrentes …”, afirmó la defensa del diputado.
Sobre el peligro de fuga, dijo que el mismo ha demostrado siempre un comportamiento leal y que por lo tanto, no faltaría a ninguna responsabilidad.
La defensa de Galán, liderada por Guarionex Ventura, sostuvo que las imputaciones al senador peledeísta, a quien se le atribuye influír para reducir los plazos de aprobación de préstamos e informar a Rondón del avance de sus diligencias, no son concluyentes. Es “muy maliciosa y retuerce la verdad”.
Pidió al juez rechazar pura y simplemente la solicitud de medida de coerción, en razón de que de las pruebas que informa el MP no se evidencia que Galán pueda ser autor o cómplice de los hechos enarbolados.
Solo cumplió. Los abogados de Sánchez, encabezados por Luis Soto, afirmaron que con las adendas suscritas por él para el proyecto de Punta Catalina, se logró una reducción de US$10 millones a favor del Estado dominicano, además de que ese contrato fue firmado dos años antes de su gestión, y él solo cumplió una disposición del Consejo de Directores de la institución.
Sobre el aumento de su patrimonio, presentaron una auditoría que revela la transparencia del mismo; rechazan que en su declaración jurada de 2004 no haya declarado 352 acciones en compañías, indicando que las mismas fueron constituidas en el año 2011.
La defensa de Segura, encabezada por Agripino Aquino, rechazó que entre este, Díaz Rúa y Rondon haya habido “un concierto de voluntades para violar la ley”; que las adendas para el proyecto de Pinalito aumentaran el valor de la obra en más de un 40 por ciento, y que las mismas fueran firmadas por los tres.
“Es una ilogicidad, porque cuando se analizan los documentos, solo aparece la firma de Segura, y se puede probar que él firmó esas adendas en un legítimo ejercicio y facultad de la CDE y cumpliendo un mandato del Consejo Directivo, y cada una de ellas establece para qué fueron firmadas”.
Respecto a los medios de pruebas, indicaron que en la audiencia el Ministerio Público hizo gala de que Segura estaba allí por las delaciones premiadas en las que se dice que él había recibido soborno.
