SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público reafirmó este lunes que investiga los casos de bebidas alcohólicas elaboradas de forma clandestina y comercializadas de manera ilegal como una manifestación del crimen organizado que pone en peligro la vida de los ciudadanos, afecta la salud, a la industria local y al lícito comercio.
Tras participar en una reunión con el Poder Ejecutivo, encabezada por Raquel Peña, vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, y representantes del sector público, industrial y empresarial, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, aseguró que las autoridades serán “persistentes en sus acciones para frenar esta práctica que ya ha costado muchas vidas en el país”.
Reynoso detalló que las investigaciones que encabeza el MP abarcan la distribución de las bebidas que hasta el momento han causado 47 muertes y la intoxicación de 109 personas según registros oficiales, además del entramado criminal involucrado.
“Las implicaciones penales de este tipo de comercio irregular que afecta la salud y la vida de las personas alcanza una amplia variedad de ilícitos penales. Incluso, cómo se originan del objetivo de obtener activos, califican como delitos precedentes del lavado”, explicó.
En ese orden, la vicepresidenta Raquel Peña, manifestó el compromiso que tiene el gobierno central de trabajar de forma mancomunada con todos los actores necesarios para frenar la fabricación y comercialización de ese tipo de bebidas, las cuales “incluyen como ingredientes el metanol, y otras sustancias altamente nocivas para la salud”.
“Desde el inicio de nuestra gestión establecimos que la salud del pueblo dominicano es nuestra prioridad, y no permitiremos que la búsqueda desalmada de beneficio económico siga contándonos vidas, lamentamos la pérdida de esas 47 personas, y trabajaremos incansablemente para que estos eventos no se repitan”, enfatizó.
Según informó, todos los sectores que inciden en la fabricación, comercialización y regulación de las bebidas alcohólicas se comprometieron a establecer una mesa de trabajo técnica entre el sector público y privado en procura de crear campañas de concientización en la búsqueda de detener la producción y venta de bebidas adulteradas.
Peña destacó que con esa iniciativa buscan evitar de raíz la problemática de las bebidas adulteradas a través de la educación.
“El régimen de consecuencias existe y confiamos en el Ministerio Público para que lo aplique, sin embargo se hace imperativo crear conciencia en la población dominicana y de eso también nos ocuparemos, en conjunto con el sector privado”, explicó.
