Santo Domingo, (R.D.) .- La Procuraduría General de la República (PGR) junto a varias instituciones gubernamentales realiza las coordinaciones de lugar para mejorar la aplicación de la Ley 426-07, que sanciona la práctica del polizonaje en la República Dominicana y su reglamento de aplicación.
La acción se llevará cabo en el marco de la firma de un convenio de colaboración interinstitucional entre la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, los directores de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito Pujols; de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez; del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (Cesep), contralmirante Henry Guzmán Taveras; de la Dirección General de Migración (DGM), Venancio Alcántara Valdez, y el presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), Jaak Benjamín Rannik.
Las autoridades indicaron que, como parte del acuerdo, las instituciones desarrollarán y promoverán actividades o proyectos en un marco de colaboración interinstitucional en procura de cumplir con la Constitución y los convenios internacionales de los cuales el país es signatario, en especial del Código para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) y de las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Además, será creado un mecanismo de entendimiento y colaboración, con la finalidad de que los organismos involucrados suministren a tiempo las informaciones, documentaciones y los elementos necesarios que permitan recopilar y sustentar los expedientes formulados para el sometimiento a la acción de la justicia a los infractores de dicha ley.
La iniciativa también procura lograr que las instituciones que convergen como actores de manera directa e indirecta en el ámbito portuario, participen dentro de sus áreas de competencia y de manera activa cada uno con su rol, en aquellos actos que alteren o procuren alterar o violar la seguridad de las instalaciones portuarias, de las embarcaciones o buques y las personas dentro de la jurisdicción portuaria, zona primaria aduanera y adyacente (zona marítima).
De igual manera, fortalecer, concientizar y capacitar a todos los actores involucrados para dar fiel cumplimiento a la ley y su reglamento, mediante cursos y talleres de formación relacionados con el contenido de esta y la importancia que reviste para el país.
Responsabilidades de las instituciones
El Ministerio Público se encargará de orientar y dirigir funcionalmente las investigaciones penales que surjan en materia de polizonaje, llevando a cabo un ejercicio óptimo de la acción pública en representación de la sociedad y el Estado, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y las fiscalías locales competentes debido al territorio.
En tanto que la Escuela Nacional de la Judicatura se encargará de la capacitación de los servidores del Poder Judicial en la observancia y aplicación de la ley.
La Autoridad Portuaria, entre otros, representará ante los procesos a los puertos que no sean concesionados, es decir, que son de uso público, que sirven para el transporte nacional o internacional de mercancías y pasajeros.
Bajo la responsabilidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria en los casos de la detención de un polizón, estará la coordinación con las demás agencias e instituciones que convergen en las actividades portuarias, y en especial con el Ministerio Público, con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de evidencia posible.
Mientras que Migración coordinará la entrega de los polizones dentro de los plazos procesales. El convenio fue firmado en un restaurante de la capital.
