Otorga a CODECO la potestad de la regulación, y FINJUS dice que afecta la libertad empresarial
SANTO DOMINGO. El 21 de julio pasado, la Cámara de Diputados aprobó en segundo lectura, tras ser declarado de urgencia, un proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Economistas (CODECO), que hasta el presente opera sin ese aval legal.
El proyecto de Ley fue introducido por la diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Olfalida Almonte Santos, el primero de octubre de 2014, y entre sus articulados se incluye puntos que prometen ser polémicos en la medida en que sean conocidos.
El proyecto de Ley, descargado por Diario Libre desde el portal de la Cámara de Diputados, le otorga un gran poder regulador al CODECO sobre el ejercicio profesional de la disciplina de la economía en el país. Por ejemplo, en su artículo 9 le permite aplicar un artículo (aún no definido) del Código Penal en contra de “quienes, sin pertenecer al Colegio, o a quienes haya sido suspendido por éste, se anuncien como miembros”. Este artículo se sustenta en otro anterior en que para ejercer la profesión de economista en República Dominicana debe ser “dominicano o nacionalizado”, y “estar registrado” en el CODECO.
El proyecto de Ley que deberá ver el Senado para que su aprobación o rechazo, le otorga el derecho a CODECO de cobrar el valor de un sello especial que los economistas y oficinas consultoras deberán comprar para estamparlo en cada uno de los estudios económicos, financieros y técnicos que realicen.
El 31 de julio, CODECO publicó en su página web una alerta a sus miembros sobre la existencia en las redes sociales de un documento que dice ser el que aprobó la Cámara de Diputados, y que es diferente al que ellos consensuaron con los legisladores. A propósito de esta historia, a Diario Libre no le fue posible contactar a integrantes de su Consejo Directivo.
El tema llamó la atención de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que considera que la colegiatura obligatoria como la que se le quiere otorgar a CODECO sólo es justificada “por la necesidad de servir un interés público”, o lo que es lo mismo decir que “cuando transciende el interés privado”.
Y agrega que este proyecto de ley amenaza con afectar “desproporcionadamente” la libertad de empresa. Cita jurisprudencia que justifican la colegiatura obligatoria sólo en los casos en que “se busca precaver un riesgo social”, como es el caso de la medicina y la ingeniería.
En el caso de los economistas, sería “una limitación a la competencia profesional y el establecimiento de una centralización burocrática”.
