¿Aporofobia en el sistema de justicia: la pobreza es el verdadero delito?

Escrito por: Jonathan Baró Gutiérrez

Procurador general de Corte de Apelación.

En 1995, la filósofa española Adela Cortina acuñó el término aporofobia para describir el rechazo hacia el pobre, hacia aquel que no tiene nada que ofrecer a cambio. Décadas más tarde, en 2017, la Real Academia Española lo reconoció oficialmente, incorporándolo a su diccionario como una categoría que ya no podía permanecer invisible. Nombrar ese fenómeno significaba poner en evidencia una patología social constante: el desprecio sistemático hacia la pobreza y hacia quienes la encarnan (Cortina, 2017).

El doble rasero en la justicia

Ese fenómeno también anida en los pasillos judiciales. Cuando una persona con riqueza —sea un funcionario acusado de desfalcar al Estado o un empresario involucrado en delitos económicos— es llevada ante los tribunales, el trato —aunque de manera inconsciente— suele ser distinto al que recibe quien roba una motocicleta.

En estos casos, los abogados de renombre, con honorarios millonarios, despliegan no solo una defensa jurídica, sino también una defensa mediática. Dentro de sus presupuestos incluyen comunicadores capaces de moldear el relato público: «cometió un desliz», «sufre de persecución política», «no puede estar en prisión preventiva porque tiene familia o problemas de salud».

En contraste, al joven que roba un motor lo tachan de inmediato como «ladrón». La indignación colectiva exige la horca simbólica. No hay comunicadores que invoquen el debido proceso ni abogados que conviertan la acusación en un debate de garantías. Su destino se juega entre la prisión preventiva y un juicio que, con frecuencia, carece de los mismos estándares de protección que se reclaman cuando se trata de una figura poderosa.

El poder del discurso

La aporofobia en el sistema de justicia no siempre es intencional; a menudo, es el resultado de sesgos sociales reproducidos en la práctica penal. Como explica Cortina, el pobre es visto como quien no puede ofrecer nada en el juego del «dar y recibir», lo que justifica su exclusión (Cortina, 2017). Esa narrativa se refuerza con el poder económico que compra relato y reputación: He escuchado con frecuencia cómo al empresario se le describe casi con ternura —«una persona honorable que cometió un error»—, mientras el pobre ni siquiera tiene nombre: se convierte en “el preso del expediente.»

Más del 95 % de la población penitenciaria dominicana proviene de sectores pobres y vulnerables. Esta sobrerrepresentación no puede atribuirse únicamente a la comisión de delitos, sino a un sistema que los persigue y castiga con mayor severidad que a las élites económicas. La desigualdad en la punibilidad es tan marcada que, paradójicamente, resulta más gravoso robar un bien menor que defraudar al Estado en millones.

En este mismo ambiente judicial también se reflejan, en ocasiones, diferencias en el trato hacia los abogados. Aquel abogado mediático, con una oficina de prestigio y que representa a un poderoso, suele recibir un trato más cordial y deferente que aquel profesional sin fama ni recursos. Aunque no se trata de una práctica muy extendida, todavía persiste en algunos operadores del sistema de justicia, reproduciendo así, de manera velada, la misma lógica de desigualdad que afecta a los imputados.

Pero el sesgo no se limita a acusados y defensores. También las víctimas reciben un trato diferenciado según su condición económica. Una víctima con recursos logra mayor visibilidad: sus reclamos se amplifican en los medios, sus denuncias avanzan con más rapidez y suelen recibir un trato más deferente en los tribunales. En cambio, la víctima pobre es muchas veces invisibilizada, sus denuncias tardan en procesarse, y su dolor no alcanza la misma resonancia social ni judicial.

La formación en sesgos y derechos humanos
Superar esta distorsión requiere más que reformas legales; exige un cambio cultural dentro de la judicatura y el Ministerio Público. Los jueces y fiscales no son inmunes a los sesgos implícitos: prejuicios de clase, de género, de etnia o de apariencia física que influyen en sus decisiones, aun cuando creen estar actuando con imparcialidad y objetividad.

Incorporar en su formación módulos especializados sobre sesgos cognitivos y derechos humanos es una necesidad impostergable. No como un curso accesorio, sino como un eje transversal en la capacitación inicial y continua. Se trata de ofrecerles herramientas para identificar cómo factores extrajurídicos condicionan sus juicios, y de dotarlos de metodologías que permitan neutralizar esas influencias.

El enfoque de derechos humanos, por su parte, recuerda que el derecho penal es el instrumento más violento del Estado y que debe usarse bajo los principios de proporcionalidad, igualdad y dignidad. Esto implica revisar la forma en que se imponen medidas de coerción, cómo se valoran las pruebas y de qué manera se gradúan las penas, evitando la criminalización selectiva de la pobreza.

Con formación adecuada, los operadores del sistema de justicia podrían mirar con el mismo rigor al funcionario que defalcó millones, al empresario que incurrió en delitos económicos, al joven acusado de robar una motocicleta y a la víctima que reclama justicia sin importar su condición económica.

Conclusión

La aporofobia en el sistema de justicia es una herida silenciosa en el Estado de derecho. No se trata únicamente de castigar con más severidad al pobre, sino de suavizar el reproche hacia el rico y otorgar más atención a la víctima con dinero que a la víctima pobre, creando un doble estándar que contradice el principio de igualdad.

«La justicia no puede ser un espejo de la riqueza ni del poder; solo acabando con la aporofobia podrá ser verdaderamente justicia».

Referencia

Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós.