Santo domingo. Un proyecto de ley elaborado por la Asociación Dominicana de Alguaciles (ADA) propone institucionalizar las ejecuciones judiciales, con la creación de una Dirección General de Ejecuciones, como un órgano operativo del Consejo del Poder Judicial, con el objetivo de satisfacer la función constitucional del Poder Judicial de hacer cumplir lo juzgado. El proyecto surge a partir de los cuestionamientos a ese sector por irregularidades en el servicio.
Una investigación realizada por la ADA determinó que al año las notificaciones judiciales mueven 4,800 millones de pesos, que escapan al control de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que nombra a los alguaciles.
En el 2015 en el país se hicieron 6,884,860 notificaciones de actos, por un costo promedio de 700 pesos, monto fijado y cobrado por los alguaciles, 5,163,645 en materia civil y 1,721,215 en la penal.
“Nosotros nos propusimos transparentar ese proceso”, afirmó Álvaro Caamaño Díaz, director ejecutivo de la ADA, durante una visita al director de LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, a quien entregó el proyecto de ley junto con el presidente de la ADA, Hipólito GirÚn Reyes, y la asesora técnica, Luz Milagros Núñez.
El 50 por ciento de los reenvíos de los casos judiciales se produce por falta de notificación, según directivos de la ADA.
Caamaño Díaz precisó que con la estructura que proponen por ley se crea una vinculación institucional de control, porque los alguaciles harán los actos que les asignen.
“Hemos hecho esta plataforma, entendiendo que junto con la ley 140-15, del notariado, le dará más garantía a los procesos y especialmente a los usuarios”, afirmó Girón Reyes.
Sostuvo que se lograría una mejoría sustancial en el servicio de los alguaciles, porque a los auxiliares de la justicia se les devuelve sus facultades principales y a la vez recuperan la credibilidad y el respeto ante la sociedad. La tarifa del servicio será fijada por el Consejo del Poder Judicial (CPJ).
Los recursos económicos ingresarán a la SCJ, a través de la Dirección Nacional de Alguaciles que propone el proyecto, que tendrá bajo su cargo varios departamentos, incluyendo uno de fuerza pública.
